JEP negó preclusión en caso de masacre de El Aracatazo y mantiene investigación contra militares
La Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la solicitud de preclusión de la investigación por la masacre de El Aracatazo, en la que murieron 18 personas en Chigorodó, Antioquia, en 1995.
JEP Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la solicitud de preclusión presentada por los comparecientes Sergio Enrique Pérez García y Víctor Julio Jeréz Flórez, exmilitares del Ejército Nacional investigados por la Fiscalía y la propia Jurisdicción por su presunta colaboración, omisión o connivencia con el grupo armado que perpetró la masacre del El Aracatazo.
Según el expediente, ambos hacían parte del Batallón de Infantería No. 46 “Voltigeros” y están vinculados a la investigación por su posible participación en la masacre ocurrida en el estadero El Aracatazo, en Chigorodó, Antioquia, el 12 de agosto de 1995.
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Según el expediente 9003437-21.2019.0.00.0001, los hechos ocurrieron cuando al menos 14 hombres armados, identificados como paramilitares, irrumpieron en el establecimiento ubicado en el barrio El Bosque, retuvieron a las personas presentes, las acusaron de ser guerrilleros y las asesinaron con armas de fuego. Otras personas que transitaban por la zona también fueron atacadas. El saldo fue de 18 víctimas mortales y una persona herida que sobrevivió al fingir su muerte.
La JEP determinó que los hechos hacen parte del caso conocido como ’La Masacre del Aracatazo’, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró el caso admisible en 2010 y avaló una solución amistosa con el Estado colombiano en 2015. Entre los compromisos adquiridos está el de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
La negativa a precluir el proceso también activa una moción de actualización de competencia para que los comparecientes sean remitidos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco de los casos 04 y 06 de la JEP, que abordan la situación territorial de Urabá y la victimización de miembros de la Unión Patriótica, respectivamente.
El plazo para que las demás partes interesadas se pronuncien sobre los recursos interpuestos vence el 8 de mayo de 2025.
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