“Siempre existió una actuación legal”: defensa de Ricardo Bonilla
El equipo de defensa de Bonilla informó que siempre existió una actuación legal y transparente por parte del exministro.
Ricardo Bonilla. Foto: captura de pantalla.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla reaccionó a las afirmaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de imputación contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio.
Mediante un comunicado, el equipo de defensa de Bonilla informó:
1. Siempre existió una actuación legal y transparente por parte del exministro Ricardo Bonilla. Nunca impartió instrucciones para direccionar contratos ni para beneficiar a personas o congresistas.
2. El Ministerio de Hacienda no ejecuta contratación, no ordena gasto ni participa en procesos contractuales. Su función es técnica y se limita a estructurar el Presupuesto General de la Nación para ser sometido a aprobación del Congreso de la República y hacer su seguimiento. Cualquier actuación irregular de terceros no fue consultada ni autorizada por el exministro
3. No hay una sola evidencia de beneficio o instrucción indebida. Los proyectos mencionados por la Fiscalía no comprometen al doctor Bonilla. No existe prueba de que haya dado instrucciones que generaran beneficios particulares o afectación al patrimonio público.
4. Siempre hemos estado prestos a atender los llamados de la justicia. El exministro ha comparecido y seguirá compareciendo ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con el respeto al orden jurídico.
Hay que recordar que Benavides afirmó en su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al parecer, conocía sobre los actos de corrupción en la UNGRD.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, habrían direccionado de al menos tres contratos por un valor de $92.000 millones en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
El dinero habría sido utilizado presuntamente para comprar votos de congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público, con el fin de aprobar créditos requeridos por el Gobierno.
