Judicial

Procurador respalda prohibición de corridas de toros y desestima demandas contra la ley

El jefe del ministerio público señala que dicha norma permite avanzar en la protección de los animales y al mismo tiempo otorga un tiempo de gracia a quienes subsisten de esa labor para generar una nueva fuente de ingresos.

Procurador General de la República, Gregorio Eljach. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Procurador General de la República, Gregorio Eljach. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El procurador general Gregorio Eljach, en concepto presentado ante la Corte Constitucional, pidió declarar exequible el proyecto de ley que decretó la prohibición de las corridas de toros en el país y dictó medidas graduales ante la pérdida de sus empleos por parte de los toreros.

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De acuerdo con el jefe del ente de control, la ley representa un paso en la protección animal y combatir el “dolor” y la “muerte” de toros de lidia, por lo cual no plantea ni genera que se dejen de reproducir y criar toros de lidia, sino que no podrán ser utilizados en este tipo de espectáculos.

Asimismo, el procurador general recordó que la jurisprudencia colombiana ha hecho hincapié en que los animales son reconocidos como “seres sintientes” que deben ser protegidos y no se puede infligir tratos dolorosos y crueles.

“La medida resulta razonable y proporcionada, porque su objetivo, como insistentemente se ha sostenido en la presente intervención, es la protección de la vida animal y la promoción de una cultura de paz, el cual constituye un fin constitucionalmente legítimo, respaldado en el derecho fundamental a un ambiente sano, al tenor del artículo 79 superior, así como la promoción de una transformación cultural hacia el respeto por la vida no humana" dice el concepto del procurador general.

Adicionalmente, el Gregorio Eljach aseveró que la ley a su vez busca garantizar una transición amigable para aquellas personas que reciben sus ingresos y subsisten de las corridas de toros otorgando una transición de 3 años “para que adopten las medidas necesarias para proteger sus intereses financieros, dirigiendo sus actividades a otras que no causen dolor y sufrimiento a los animales, sin que ello implique una afrenta a su derecho a la propiedad, ni muchos menos vulnere el principio de confianza legítima".

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