CIDH alertó uso de RTVC como aparato de propaganda oficial y censura de voces críticas

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó un informe contundente sobre Colombia, en el que cuestiona directamente al Gobierno de Gustavo Petro por crear un ambiente hostil para el ejercicio periodístico, mientras la violencia letal y la censura se consolidan como amenazas crecientes para la libertad de prensa.

El documento señala que Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina en 2024, con siete periodistas asesinados, además de múltiples casos de amenazas, desplazamientos forzados y secuestros, especialmente en zonas dominadas por grupos armados ilegales. Pero el mayor énfasis está en la responsabilidad del poder público.

La Relatoría advierte que el propio presidente Petro ha contribuido a la estigmatización de la prensa. “Persisten expresiones estigmatizantes y descalificadoras por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, en contra de periodistas y medios de comunicación”, dice el informe.

Entre los episodios citados, el informe hace referencia a la calificación de “muñecas de la mafia” que el mandatario utilizó contra periodistas, una expresión que, según la CIDH, generó “un aumento en la violencia digital contra las periodistas mujeres”. La Relatoría enfatiza que ese tipo de señalamientos “podrían derivar en formas de censura indirecta” y representan un riesgo para el pluralismo y la seguridad de los comunicadores.

Pese a reconocer avances normativos como la Directiva Presidencial 07 —que promueve una relación respetuosa con la prensa—, el informe afirma que su implementación no ha frenado los ataques verbales desde altos cargos del Estado.

Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con el manejo del sistema de medios públicos, RTVC. La CIDH alertó sobre “graves denuncias de censura interna, acoso laboral y uso político del sistema de medios públicos”, tras cambios introducidos por el Gobierno.

“El medio público debe estar protegido de cualquier interferencia indebida por parte del Gobierno. No debe operar como un instrumento de propaganda, sino garantizar el acceso a información plural y de interés público”, advierte el organismo.

La CIDH recibió denuncias sobre redireccionamiento de la pauta oficial a favor de medios públicos, en detrimento de medios privados y regionales, lo que se sumaría a una política editorial influenciada por líneas ideológicas cercanas al gobierno. La Relatoría también expresó preocupación por un ambiente de autocensura y presiones dentro de RTVC, que estarían afectando la cobertura crítica e independiente.

Más allá de Bogotá, la situación en regiones periféricas es dramática. La CIDH documentó agresiones contra periodistas durante protestas sociales, así como desplazamientos y amenazas en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, donde operan grupos armados ilegales.

“La violencia genera un efecto silenciador, en especial en zonas donde la ausencia del Estado y el poder de facto de actores armados condicionan la labor periodística”, advierte el texto. La mayoría de los casos no son investigados ni sancionados, lo que refuerza el clima de impunidad.

El informe concluye con un llamado al Estado colombiano a cumplir con su obligación reforzada de proteger la libertad de expresión. “Los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a la prensa, pues ello no solo pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo, sino también la calidad de la democracia”, sostiene la Relatoría.