Fiscalía imputará cargos a César Manrique y a otras 7 personas por millonario desfalco a la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes una nueva etapa en el proceso de judicialización por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ocho personas serán imputadas por su presunta participación en la apropiación indebida de recursos públicos a través de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo detrimento asciende a $100.000 millones.

Entre los implicados se encuentra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien será procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

“El entramado de corrupción direccionó la contratación y se apropió de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, informó la Fiscalía. Según el ente acusador, las investigaciones permitieron detectar “uno de los eventos delictivos” más graves dentro de este caso, relacionado con la millonaria reducción de un convenio suscrito entre la UNGRD y la ANT.

La Fiscalía aseguró que “avanza en múltiples actividades investigativas para lograr la judicialización de los presuntos responsables” y que, como resultado de ese trabajo, ya se radicaron las solicitudes de imputación.

Los cargos que se imputarán son los siguientes:

• César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
• Édgar Riveros Rey, abogado, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por lavado de activos.

Igualmente, la Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los implicados, al considerar que su permanencia en libertad representa un riesgo para el proceso.

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