Procuraduría inhabilita a un general y cinco coroneles por perfilamiento a periodistas

La Procuraduría, en fallo de primera instancia, sancionó con suspensión e inhabilitación por entre 3 y 6 meses a un general de la República, a cinco coroneles y otros oficiales por haber perfilado a periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos tachándolos de tener algún tipo de vinculación con grupos guerrilleros.

Dentro de los sancionados disciplinariamente se encuentran el general Gonzalo García Luna, quien, para el periodo analizado, se desempeñó como comandante del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI), el cual será suspendido e inhabilitado por 5 meses sin derecho a remuneración.

Asimismo, fueron suspendidos sin derecho a recibir su salario el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado (6 meses), el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes (5 meses), el coronel Benjamín Andrés Ramírez (3 meses), el coronel Julio Tobías López (3 meses) y el coronel Hugo Armando Díaz (3 meses).

En la decisión sancionatoria a su vez fueron suspendidos e inhabilitados sin derecho a remuneración los mayores Mauricio Quintero Arias (3 meses) y Eduardo de la Torre Díaz (3 meses).

Según el fallo del ministerio público, los oficiales del Ejército aquí expuestos incurrieron en una grave extralimitación de sus funciones interceptando de forma indebida y deliberada por medio de herramientas de inteligencia las comunicaciones de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos obrando “conscientes de la ilicitud de sus actos”.

De acuerdo con el ente de control, no solamente se perfiló ilegalmente a dichas víctimas, sino que además se atendieron “requerimientos de origen personal” provenientes de un funcionario de la DIAN, sin que existiera misión de trabajo para esas labores “ni propósito relacionado con amenazas reales a la seguridad nacional”.

Aunque consideraron importante el fallo, varios representantes de víctimas e intervinientes como la Fundación para la Libertad de Prensa apelarán parcialmente la decisión pidiendo una sanción más alta. Además, hicieron un llamado a la Fiscalía porque, aunque se produjo este fallo disciplinario, el proceso en el ámbito penal no avanza.

“Este abuso de las herramientas de forma ilegal se desarrolló durante el gobierno de Iván Duque. En ese momento periodistas y defensores de derechos humanos y sindicalistas estábamos denunciando las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Celebramos esta decisión que es muy importante (...) la inteligencia en el país se debe hacer para proteger la seguridad nacional, para proteger los derechos humanos, no para atentar contra ellos" dijo Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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