Corrupción en la UNGRD: Fiscalía imputará cargos al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
También solicitará medida de aseguramiento en su contra.
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Foto: UNGRD // exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, Archivo
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Además, pedirá al Tribunal Superior de Bogotá que imponga una medida de aseguramiento.
Según fuentes del proceso, el equipo de fiscales que lidera la investigación pidió al Tribunal Superior de Bogotá programar las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra González Merchán, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Esta solicitud hace parte de la segunda fase del caso que desde 2024 adelanta la Fiscalía, y en la que ya se han recopilado pruebas clave sobre los presuntos desvíos de recursos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Desde hace varios meses, la Fiscalía venía siguiendo los movimientos financieros y patrimoniales del exdirector del Dapre. A comienzos de este año, las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz ordenaron rastrear sus cuentas bancarias, analizar reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y hacer seguimiento a posibles adquisiciones de bienes o metales preciosos.
Rastreo de celular y reuniones clave
Uno de los ejes de la investigación fue la geolocalización del celular de González Merchán en momentos clave. Los investigadores buscan establecer si estuvo presente en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde —según las declaraciones de Olmedo López y Sandra Ortiz— se habría acordado el direccionamiento de millonarios contratos para favorecer a congresistas.
Además, se revisaron sus comunicaciones con López, especialmente aquellas relacionadas con instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado, Iván Name.
Movimientos financieros y bienes en la mira
La Fiscalía también indagó sobre movimientos notariales recientes del exfuncionario, con el fin de determinar si ha adquirido bienes que podrían estar vinculados con los recursos desviados. Para legalizar parte del material probatorio, la Fiscalía acudió al Tribunal Superior de Bogotá, que avaló los documentos recolectados. No obstante, la defensa de González apeló esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
“Mantenemos nuestra objeción respecto a la ilegalidad de ciertas actuaciones en el proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las labores en las empresas de telefonía, ya que los documentos e imágenes suministrados eran ilegibles y no explicaban con claridad el procedimiento ni la información obtenida”, alegó la defensa.
Presunto rol en el desvío de recursos
Según la Fiscalía, González habría instruido a la exconsejera Sandra Ortiz para direccionar contratos por $60.000 millones a favor del senador Iván Name y más de $10.000 millones al representante Andrés Calle. En el escrito de acusación contra Ortiz se afirma que, ante la premura de los congresistas por recibir los recursos, González y López acordaron entregar $3.000 millones en efectivo a Name y $1.000 millones a Calle.
Tribunal avaló rastreo de datos en su celular
El pasado 15 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó el rastreo de datos telefónicos del exdirector del Dapre, como parte de la recolección de pruebas en el caso UNGRD. La diligencia fue autorizada por el magistrado Luis Enrique Bustos Bustos, tras la solicitud urgente del fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte Suprema.
Con esta orden se permitió el acceso a registros de llamadas, mensajes de texto, ubicaciones y otras comunicaciones del exfuncionario, que se suman al rastreo financiero y migratorio ya en curso.
En varias diligencias, González ha sido mencionado como una de las piezas clave en el direccionamiento de contratos. Según interceptaciones revisadas por la Fiscalía, también habría respaldado el nombramiento de Olmedo López en la UNGRD como parte de una estrategia para asegurar apoyo legislativo a las reformas del Gobierno.
Finalmente, la Fiscalía solicitó una medida de arraigo contra González ante indicios de que habría salido del país y estaría gestionando una solicitud de asilo político en España.
