Brasil no colaborará con Perú en el caso Odebrecht si no descarta las pruebas anuladas
En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña.

Oficina de Odebrecht. Foto: STOCK / Joá Souza
El Gobierno de Brasil informó este viernes 16 de mayo que no retomará la colaboración con Perú en el caso Odebrecht hasta que las autoridades de ese país desestimen el uso de las pruebas que anuló el Tribunal Supremo brasileño.
El Ministerio de Justicia de Brasil interrumpió la colaboración con las autoridades siguiendo el ejemplo de la Procuraduría General, que en abril de 2024 anunció la suspensión de la colaboración con el país andino por tercera vez.
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Tanto el órgano fiscal como el Gobierno decidieron interrumpir la colaboración por “falta de respeto” a los acuerdos suscritos entre ambos países en 2022 y porque utilizó las pruebas que el Supremo brasileño había anulado en 2023.
En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña.
Brasil también ha rechazado colaborar con la justicia de otros países latinoamericanos, entre ellos Panamá, por el mismo motivo.
La Procuraduría es el principal órgano encargado de las colaboraciones internacionales en materia judicial y, mediante orden de un tribunal, puede compartir pruebas con los órganos fiscales de otros países y ayudarles en la obtención de testimonios.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países, en su mayoría de América Latina.
La constructora admitió haber pagado sobornos para adjudicarse un centenar de proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios calculados en 3.336 millones de dólares.
Las revelaciones del caso tuvieron una enorme repercusión política en países como Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador, naciones donde fueron investigados o condenados políticos de alto nivel, entre ellos varios expresidentes.
El último de ellos es el peruano Ollanta Humala (2011-2016), quien el pasado 15 de abril comenzó a cumplir una condena de 15 años de cárcel por haber recibido aportes ilícitos a sus campañas electorales, entre ellos de Odebrecht.
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada por los mismos hechos, pero el Gobierno de Brasil le otorgó el asilo diplomático después de que el Ejecutivo peruano le dio un salvoconducto para viajar a ese país.
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