Fiscalía imputa a exalcaldesa de Duitama por presuntas irregularidades en contrato de obra pública

Duitama

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la exalcaldesa de Duitama (2012-2015), Constanza Isabel Ramírez Acevedo, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de un Centro de Integración Ciudadana (CIC) en ese municipio.

Según el ente acusador, la exmandataria habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, luego de que no declarara el incumplimiento de la obra a cargo del Consorcio Duitama 2014. Pese a las fallas detectadas, Ramírez Acevedo habría cerrado el proceso sancionatorio y ordenado el archivo del procedimiento administrativo que se adelantaba contra los contratistas.

La Fiscalía estima que el detrimento patrimonial causado por estas decisiones podría superar los 282 millones de pesos. Además, en la investigación se identificaron otras irregularidades, como la falsificación de la firma de uno de los socios del consorcio, la firma del acta de inicio de obra 55 días después de la adjudicación, la concesión de múltiples prórrogas sin justificación, y el aval de adelantos de pago sin respaldo técnico.

“Se determina que la apropiación presunta fue de $282,568,815,88 por cuanto las ruinas son inservibles y el detrimento patrimonial es total de las sumas entregadas a la contratista”, indicó el fiscal de la Unidad delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá.

Por estos mismos hechos también fueron imputados Juan Carlos Betancourt Nova, interventor del proyecto, y Adriana de Jesús Blanco Ceballos, contratista y representante legal del consorcio. Ambos deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.

“La señora Adriana de Jesús Blanco Ceballos como representante legal del Consorcio Duitama 2014, presentó el documento de constitución del consorcio, documento falso, como requisito de los documentos que debía presentar en el proceso de licitación, ya que no es cierto que se haya consorciado con el señor Carlos Manuel Vergara Barbo, por tal razón el consorcio era inexistente y no cumplía con la capacidad jurídica, económica, de equipos y profesionales necesarios para cumplir el contrato”, dijo.

Durante la audiencia, el fiscal dio a conocer detalladamente las irregularidades del contrato.

“Suspensiones, adiciones, otro sí, incumplimiento del contrato que no fueron suficientes para que la administración declarara el incumplimiento al contratista, ni incluso con la advertencia de que hizo Carlos Vergara Barbo el 26 de enero del 2015 informando que los documentos que había presentado la señora Adriana de Jesús Blanco Ceballos, él no los había suscrito, como tampoco el documento consorcial, ni había dado su consentimiento para participar y que los documentos no los había firmado él”, concluyó.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.