Radican tutela contra juez por revictimización de reclusa que habría sido abusada por el Inpec

W Radio conoció en primicia que la acción de tutela fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá. En el documento de 23 páginas, se señala que “el juzgado citado, de manera reiterada, sistemática y constante, ha omitido el cumplimiento de sus funciones legales y, asimismo, ha tomado una serie de decisiones que no solo desconocen el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino que también colocan a mi representada en una evidente situación de inconstitucionalidad, vulnerabilidad y riesgo”.

“El caso de Valdés Contreras, así como las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas competentes, contravienen los principios mínimos y valores fundamentales de justicia, dignidad humana, enfoque de género y proporcionalidad”, señala el documento.

Al respecto, el abogado Alzate calificó como inadmisible que el juzgado no garantice los derechos de Valdés Contreras.

“El Juzgado 13 de Ejecución de Penas ha venido, de forma reiterada y sistemática, incumpliendo sus funciones legales. Además, con sus decisiones ha puesto a Andrea Valdés en una situación de inconstitucionalidad y manifiesta vulnerabilidad. No puede ser que se le haya negado la licencia de maternidad, ni la posibilidad de tener a su hijo en su domicilio en una primera instancia. Y luego, cuando solicitamos su traslado a un centro de reclusión donde se le garanticen sus derechos fundamentales y se evite la revictimización, ese mismo juzgado haya ordenado que se mantenga bajo custodia del Inpec, la institución que ha venido vulnerando sus derechos”, dijo el abogado a W Radio.

Añadió que resulta jurídicamente inaceptable que, en un Estado Social de Derecho, a una ciudadana con tres condiciones concurrentes de especial protección constitucional —mujer gestante, privada de la libertad y víctima de violencia institucional y de género— se le niegue en primer lugar el derecho a dar a luz en su domicilio, en segundo lugar se le obligue a hacerlo bajo control de la misma institución que la habría vulnerado, y en tercer lugar se le condene a separarse de su hijo por una decisión judicial que omitió valorar advertencias previas del ICBF, como la prohibición de su ingreso al patio de mujeres gestantes.

El pasado 14 de mayo, Andrea Valdés Contreras dio a luz en una clínica de Engativá.

Antecedentes del caso

La reclusa denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dragoneantes del Inpec en la cárcel de El Pedregal, en Medellín. El 11 de octubre de 2024 fue informada de que estaba embarazada y sospecha que la gestación se produjo como resultado de las agresiones sexuales de las que fue víctima, hechos que actualmente son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

El 20 de noviembre de ese mismo año, Valdés Contreras fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E., donde, tras ser sometida a exámenes médicos, se le diagnosticó una posible amenaza de aborto.

“Esto, a pesar de que ella jamás ha pensado siquiera en interrumpir su embarazo, y que, como lo investiga la Fiscalía 23 Especializada contra la Corrupción, las sustancias abortivas halladas en su cuerpo pudieron haber sido incorporadas en su alimentación por funcionarios del Inpec, sin su consentimiento”, se lee en la tutela.

Informe de Medicina Legal

El 24 de febrero de 2025, Valdés Contreras fue remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una valoración como presunta víctima de delitos sexuales cometidos bajo custodia del Inpec.

El informe forense concluyó que los hechos denunciados constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura sexual y violencia de género. También se documentaron aislamiento, amenazas, coerción, negligencia y complicidad institucional por parte de funcionarios penitenciarios, lo cual, según el informe, configura un patrón sistemático de violencia institucional y revictimización.

“Asimismo, se recomendó de forma prioritaria: la protección inmediata de la víctima para salvaguardar su vida y prevenir nuevos actos de tortura o malos tratos, y la realización de una investigación independiente”, se precisa en la tutela, que está en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

El abogado también denunció que el Inpec ha impedido que algunos familiares de Valdés puedan visitarla en la clínica.

“Tan evidente es que ella no debería estar bajo las órdenes del mismo Inpec, no solo porque es revictimizante, sino porque actualmente esa institución impide que sus familiares puedan visitarla en la clínica. Andrea acaba de dar a luz, está en una condición de evidente vulnerabilidad, y ni siquiera se le han podido entregar pañales, ropa para el bebé, ni registrar al recién nacido porque el Inpec se ha opuesto al ingreso de sus familiares”, aseguró.

Respuesta del Inpec

W Radio contactó al Inpec, desde donde indicaron que existen protocolos para los privados de la libertad, y que los familiares de Valdés deberán acercarse a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá para solicitar un permiso especial que les permita entregar los elementos tanto para ella como para su hijo.

En la solicitud deberán anexarse los nombres, cédulas de ciudadanía y los artículos a entregar. Posteriormente, podrán trasladarse a la clínica, donde solo podrán verla desde lejos durante los horarios autorizados. Las visitas como tal solo se podrán realizar los fines de semana, en los horarios establecidos por la clínica.

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