“Desde enero han asesinado a 69 líderes sociales y se han registrado 22 masacres”: Defensoría
Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 69 asesinatos de líderes sociales, 20 firmantes del acuerdo de paz asesinados y 22 masacres con un total de 67 víctimas en Colombia.
Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images / nortonrsx
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en distintas regiones del país durante los primeros cuatro meses de 2025. En ese periodo, se han registrado 69 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales nueve eran mujeres. Además, se contabilizan 20 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y 22 masacres que dejaron un saldo de 67 personas muertas.
Los datos tomados del observatorio de Indepaz muestran una concentración preocupante de estos hechos en cuatro departamentos: Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales y conflictos por el control territorial.
Antioquia fue el departamento con mayor número de asesinatos de líderes sociales (10 casos), seguido por Cauca y Valle del Cauca, cada uno con 13.
Norte de Santander, por su parte, lidera los registros tanto en masacres (5) como en asesinatos de firmantes de paz (6).
Cauca también aparece entre los más afectados, con dos masacres y un número significativo de crímenes contra firmantes del acuerdo.
La Defensoría insistió en la urgencia de adoptar medidas eficaces para frenar esta cadena de violencia. “Se debe garantizar la vida, la paz y los derechos humanos en todos los territorios”, expresó la entidad en su pronunciamiento público.
Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado para reforzar la protección a comunidades en riesgo y avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz.
Desde la firma del Acuerdo en 2016 hasta abril de 2025, Indepaz ha documentado un total de 1.557 asesinatos de líderes y lideresas sociales, una cifra que, según defensores de derechos humanos, refleja la persistente fragilidad del orden público en muchas zonas del país.
