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Líder social Freddy Ballesteros fue asesinado mientras se movilizaba en motocicleta en el Catatumbo

Freddy Ballesteros, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Milagro, fue asesinado por hombres armados en una vía rural de Tibú, Norte de Santander.

Imagen de referencia de pistola con balas. Foto: Getty Images. / Alan Majcrowicz

Imagen de referencia de pistola con balas. Foto: Getty Images. / Alan Majcrowicz

En un nuevo hecho de violencia en el Catatumbo, Freddy Ballesteros fue asesinado mientras se movilizaba en motocicleta por una vía terciaria que conecta los sectores de La Serena y El Serpentino, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Ballesteros se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Milagro y era reconocido por su labor comunitaria en esta región, una de las más afectadas por el conflicto armado en el país. Según versiones preliminares, sujetos armados que también se desplazaban en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon, causándole la muerte en el lugar.

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La Defensoría del Pueblo, que ha emitido múltiples alertas sobre los riesgos para líderes sociales en esta zona, reiteró recientemente en su Informe de Seguimiento No. 014-22 a la Alerta Temprana No. 050-2020 que el municipio de Tibú enfrenta un grave escenario de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esto, como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Frente y Bloques de las disidencias de las FARC, así como bandas de carácter local.

Tibú hace parte de la jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional, que no se ha pronunciado oficialmente sobre el crimen. Tampoco se conoce por el momento un pronunciamiento del Gobierno nacional sobre este nuevo asesinato de un líder social.

Con Freddy Ballesteros, ya son 65 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido del 2025, lo que incrementa la preocupación por la falta de garantías de seguridad para quienes defienden los derechos de sus comunidades en territorios históricamente golpeados por la violencia.

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