ONU advierte riesgo real de extinción física y cultural de pueblos indígenas en la Sierra Nevada
Scott Campbell, representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó que los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Naka enfrentan una amenaza de exterminio físico y cultural.
ONU: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / SOPA Images
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta —Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Naka— enfrentan un riesgo real de extinción física y cultural, debido al control que ejercen grupos armados ilegales sobre sus territorios y a la falta de una respuesta estatal eficaz.
“La tragedia que enfrentan estos pueblos puede y debe prevenirse”, aseguró Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, tras su visita a la región los días 13 y 14 de mayo. La Oficina ha documentado desde 2022 un incremento sostenido de la violencia en la Sierra Nevada, que afecta no solo a pueblos indígenas, sino también a comunidades afrodescendientes y campesinas.
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Los grupos armados imponen restricciones de movilidad, horarios, toques de queda y controlan reuniones comunitarias, ejerciendo dominio sobre la vida cotidiana. Además, se han identificado patrones de reclutamiento forzado de jóvenes, apropiación de tierras para proyectos turísticos, y el uso de menores para el transporte de víveres y armamento.
La situación es especialmente grave para las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan violencia sexual, amenazas y múltiples barreras de acceso a la justicia, como la falta de rutas de atención con enfoque étnico, condiciones de pobreza y obstáculos lingüísticos. “Algunas mujeres describieron su acceso a los derechos como si vivieran en el siglo X”, afirmó Campbell.
En 2024, se registraron en la región múltiples violaciones a los derechos humanos, incluido el desplazamiento de más de 600 indígenas del pueblo Wiwa, el asesinato de líderes sociales y tres masacres con cuerpos encontrados desmembrados y con señales de tortura. Solo en Santa Marta, los homicidios pasaron de 242 en 2022 a 311 en 2024. Este año ya se han documentado cinco asesinatos de personas defensoras y una nueva masacre en La Guajira.
La ONU también manifestó preocupación por el avance lento de la justicia transicional y la falta de garantías para la implementación de sentencias de restitución de tierras. No obstante, destacó el trabajo articulado de la Fiscalía General con funcionarios indígenas y su participación en el programa Futuro Colombia, centrado en atender la violencia sexual en comunidades indígenas.
Campbell instó al Estado a actuar con urgencia: “Llamamos a los gobiernos nacional, departamental y local a coordinar medidas de protección reales para evitar el exterminio de estos pueblos”.
La ONU reiteró que la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser prioridad en los diálogos con actores armados, así como la garantía de no reclutamiento de menores.
