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CGR pidió explicaciones a Benedetti y a Policía por presunto uso de avión para influenciadores

El ente de control les preguntó la titularidad de la aeronave; su uso misional; la lista de pasajeros; los costos del vuelo y el sustento normativo o administrativo de dicha operación, tras un viaje a Barranquilla a un evento del presidente Gustavo Petro.

Contraloría, Armando Benedetti y Policía Nacional. Fotos: EFE, Getty Images y Coplprensa.

Contraloría, Armando Benedetti y Policía Nacional. Fotos: EFE, Getty Images y Coplprensa.

La Contraloría General les pidió explicaciones a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior por el uso de un avión oficial en el que se habrían transportado a influenciadores y simpatizantes del actual Gobierno hacia Barranquilla, donde el presidente Gustavo Petro realizó este martes un acto público sobre la consulta popular.

En los documentos, conocidos por W Radio, le preguntan la lista de pasajeros y si hay algún convenio o contrato que permita el uso de aeronaves oficiales para el transporte de personas distintas a funcionarios públicos, como influencers o particulares.

Asimismo, preguntan qué entidad asumió los costos de dicho traslado aéreo y con cargo a qué rubro presupuestal.

Contrato con RTVC para eventos institucionales

De otro lado, el ente de control también le solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, información sobre presuntos contratos suscritos con RTVC por aproximadamente $88.000 millones, cuyo objeto sería la realización de eventos institucionales.

Al respecto, pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso.

Contrato de la Armada Nacional

El otro requerimiento que realizó el ente de control es sobre al menos diez contratos relacionados con servicios médicos, aseo, mantenimiento de instalaciones, desinfecciones, sistemas de videovigilancia y productos químicos para piscinas, suscritos entre 2020 y 2025.

La Contraloría busca establecer la legalidad de los procesos de adjudicación, la identidad de los contratistas y supervisores, así como los mecanismos de control implementados”, señaló el ente de control.

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