JEP ordenó medidas urgentes para frenar asesinatos y estigmatización de firmantes del acuerdo de paz
La JEP ordenó reforzar medidas de protección para los firmantes del Acuerdo de Paz ante el aumento de asesinatos y el riesgo de desaparición de espacios de reincorporación.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Natnan Srisuwan
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió nuevas órdenes dirigidas a distintas entidades del Gobierno para fortalecer la seguridad de los firmantes del acuerdo final de paz, especialmente aquellos que comparecen ante esta jurisdicción. La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), que alertó sobre el deterioro de las garantías de protección y un aumento en los casos de estigmatización.
Según cifras de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 456 firmantes, de los cuales el 94 % comparecía ante la jurisdicción aportando verdad en versiones voluntarias, y el 12 % estaba vinculado a Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR).
La jurisdicción instó al Ministerio de Defensa a fortalecer la presencia preventiva de la fuerza pública en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) y Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), con el fin de garantizar condiciones seguras para esta población.
Un reciente informe de la UIA, titulado La reincorporación desarraigada, advierte que seis espacios de reincorporación están en riesgo de desaparecer si no se actúa con urgencia. Se trata del AETCR La Pradera (Putumayo), las NAR de Corinto y Toribío (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), Pitalito (Huila) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Cinco de estos espacios están ubicados en territorios con amplia presencia de grupos armados.
En la audiencia pública del pasado 10 de abril, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que actualmente funcionan 23 AETCR en 13 departamentos, donde viven 1.705 firmantes, equivalentes al 14,29 % del total en proceso de reincorporación. Además, hay 19 NAR que albergan a cerca de 3.105 personas.
Las nuevas órdenes buscan asegurar la ejecución de las sanciones propias que están próximas a imponerse y el cumplimiento de los TOAR, fundamentales para la reparación de las víctimas. La JEP subrayó que esta protección es un deber constitucional y legal, no solo con los firmantes, sino también con las víctimas del conflicto armado.
