Suspenden acto de instalación de placa en homenaje a víctimas de la toma del Palacio de Justicia
La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó frenar el acto de develación hasta lograr acuerdo sobre el contenido de la nueva placa en homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia.
Toma del Palacio de Justicia. Foto: Colprensa. / Mauricio Alvarado
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP suspendió el acto de instalación de la nueva placa conmemorativa en el Palacio Liévano, programado en cumplimiento de una orden judicial sobre la memoria de los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
La decisión, contenida en el Auto SAR AT 388 de 2025, se da en el marco del trámite de medidas cautelares solicitadas por Helena Urán Bidegain. Estas medidas buscan proteger lugares de memoria relacionados con las víctimas, como la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur.
La alcaldía de Bogotá había retirado la anterior placa, trás el Auto SAR-AT-364 de 2023 que considero que su narrativa invisibilizaba a las víctimas y favorecía una versión oficial centrada en el sacrificio de magistrados a manos de la subversión. En su lugar, debía instalarse una nueva placa construida de manera concertada con las víctimas y sus organizaciones.
Aunque se avanzó en dos jornadas de concertación, realizadas el 21 de octubre y el 16 de noviembre de 2024, no fue posible alcanzar un acuerdo completo sobre el texto de la nueva placa. El principal desacuerdo surgió en torno a la mención de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por la fuerza pública.
Un grupo de familiares insistió en que esa referencia era fundamental como parte del proceso de reparación, mientras otro sector expresó que podía desviar el enfoque del homenaje a todas las víctimas, al destacar únicamente a un grupo específico.
Frente a la falta de consenso y con el objetivo de asegurar un proceso verdaderamente participativo, la JEP accedió a la solicitud de ampliar el plazo, mientras se construye un nuevo texto acordado.
