MinEducación respondió a alerta fiscal de la Contraloría: “La reforma a la Ley 30 es urgente”
El Gobierno reitera que ya está en curso una reforma legal que busca superar el rezago estructural en la financiación de las universidades públicas.
Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.
Tras la alerta emitida por la Contraloría General sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, el Ministerio de Educación Nacional aseguró que el país ya avanza en una reforma legislativa para enfrentar las causas estructurales del desfinanciamiento. Se trata del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y que fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado.
En contexto
El Ministerio señaló que el actual esquema de financiación —basado en un aumento anual atado exclusivamente al IPC— no responde a las dinámicas reales del sistema. Por ello, la propuesta de reforma introduce el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como nuevo referente, e incorpora criterios como calidad, equidad, inclusión y cobertura para la asignación de recursos.
“El modelo vigente ha generado una brecha insostenible. Por eso, desde el Gobierno del Cambio ya radicamos una propuesta de transformación estructural que está en trámite en el Congreso”, indicó la cartera en su pronunciamiento.
La respuesta oficial también destacó que, mientras se avanza en la aprobación de la reforma, se han destinado recursos extraordinarios para mitigar el rezago: entre 2022 y 2025, el presupuesto de las universidades públicas pasó de $8,4 billones a $12,7 billones. Solo en funcionamiento e inversión se han transferido más de $4,5 billones adicionales.
Además, el Gobierno ha destinado cerca de $1,75 billones a infraestructura, ha incrementado el número de estudiantes beneficiados con gratuidad —874 mil en 2024— y ha puesto en marcha una estrategia de formalización laboral con fuentes claras de financiación, según el Decreto 391 de 2025.
La Contraloría también alertó sobre el crecimiento del pasivo pensional, especialmente en universidades como la Nacional, la del Valle y la de Antioquia, que concentran compromisos por más de $8 billones. Al respecto, el Ministerio afirmó que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para acelerar las transferencias previstas en los pactos de concurrencia y que, en algunos casos, ya existen cálculos actuariales aprobados.
En cuanto al régimen salarial docente, el Ministerio reconoció que el esquema vigente —basado en productividad académica— ha generado presiones presupuestales. Por ello, se avanza en una reforma al Decreto 1279 de 2002, que buscará establecer topes sin afectar derechos adquiridos.
El Ministerio reiteró su llamado al Congreso para que priorice el debate y aprobación de la reforma. La meta del Gobierno es que hacia 2040 la inversión en educación superior pública alcance el 1% del PIB. En el caso de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), la propuesta fija una base presupuestal equivalente al 0,05% del PIB.
