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Frente 33 de las disidencias de las Farc tendrá 45 días para concentrarse en ZUT en el Catatumbo

El Gobierno creó una zona de ubicación en Tibú para el Frente 33, pero aún no define su ubicación exacta ni cómo se garantizará el control estatal.

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Mediante la Resolución Ejecutiva 161 del 23 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional creó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, destinada al agrupamiento del Frente 33, facción del Estado Mayor de las disidencias de las FARC.

La zona funcionará por siete meses, contados desde la entrada en vigencia del documento, y busca, según el Gobierno, facilitar el tránsito de esa estructura armada hacia la vida civil. Sin embargo, ni la localización precisa de la ZUT ni las condiciones operativas de seguridad han sido divulgadas públicamente: ambos aspectos fueron consignados en anexos técnicos de carácter reservado.

Durante su vigencia, en la ZUT quedarán suspendidas las órdenes de captura, incluidas las de extradición, contra los integrantes del Frente 33. El beneficio se aplica tanto durante el traslado hacia la zona como en su permanencia, siempre que los nombres estén en un listado entregado por representantes del grupo y aceptado por el Comisionado de Paz.

El Gobierno fijó un plazo de 45 días para el traslado de los miembros y la adecuación de la zona, pero no explicó públicamente cómo verificará el cumplimiento de los compromisos. Tampoco se ha informado qué entidades nacionales o internacionales estarán a cargo del monitoreo del proceso.

La resolución establece una serie de objetivos, entre ellos la entrega del material de guerra, la atención a menores vinculados, garantías jurídicas, participación en procesos de desminado y la ejecución de planes para sustituir economías ilícitas. También se habla de atender a las víctimas y de aportar a la búsqueda de personas desaparecidas, aunque no se especifica qué mecanismos de verificación o seguimiento acompañarán esas promesas.

En el documento se insiste en que la zona no podrá ubicarse en áreas urbanas ni en regiones designadas como “Regiones de Paz”, y que las autoridades civiles mantendrán plenamente sus funciones.

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