Suspenden audiencia que definiría libertad de presuntos implicados en una masacre en Córdoba
En el violento hecho, fueron cruelmente asesinados el ganadero Esteban Urueta y sus dos mayordomos, Fredy Manuel Beleño y Gerardo de los Santos Marzola.
Presuntos asesinos de Esteban Urueta y sus mayordomos. Foto: Policía Nacional.
Montería
Por una solicitud de incompetencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, suspendió la audiencia que definiría la libertad por vencimiento de términos en favor de Juan Soto Garcés y Cristián Petro Almanza, investigados por la masacre registrada en Chimá (Córdoba), donde fueron brutalmente asesinados el ganadero Esteban Urueta y sus dos mayordomos, Fredy Manuel Beleño y Gerardo de los Santos Marzola.
De acuerdo con la Fiscalía, en este caso prevalece el factor territorial. Es decir que, a su parecer, la diligencia debía realizarla un juez con funciones de control de garantías de Chinú o Chimá, teniendo en cuenta el lugar de los hechos, y no un juzgado de Sahagún.
Contexto en La W:
Mientras, el Ministerio Público, la defensa y la representante de víctimas, consideraron que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún sí es competente porque la etapa de juzgamiento está definida en un Juzgado Penal del Circuito de Sahagún y, en ese sentido, estimaron pertinente que la diligencia referenciada se llevara a cabo ante un despacho con funciones de control de garantías de esta misma jurisdicción.
Asimismo, manifestaron que esta posición tiene fundamento en recientes jurisprudencias.
Frente a estas posiciones, el juez del caso decidió suspender la audiencia este 26 de mayo para que el Tribunal Superior de Montería a través de su Sala Penal defina quién es competente. Una vez se conozca esta disposición, el despacho informó que se establecerá nueva fecha para atender la solicitud de libertad por vencimiento de términos, la cual fue presentada por el defensor de Soto Garcés y Petro Almanza.
Cabe recordar que, los hoy procesados se encuentran privados de la libertad desde 2024. Actualmente, están en cárceles de Barranquilla y Valledupar respectivamente, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, hurto, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los hechos materia de investigación, se habrían registrado el 10 de septiembre del año 2024.
