Descentralizar para transformar: salud y educación en el centro del debate en el Valle del Cauca
Para al menos 10 expertos de diferentes sectores, la autonomía territorial va más allá de mover presupuestos: en materia de salud y educación exige equipar a las regiones con herramientas reales para gestionar, planear y responder a sus propias necesidades.

| Foto: W Radio
Representantes del sector público, privado y académico se dieron cita en Cali para participar en la segunda entrega de Ruta Regiones: Un Desafío por la Descentralización, de Prisa Media, que en esta oportunidad se enfocó en los desafíos y oportunidades que plantea la autonomía territorial en materia de salud y educación. Se trata de un espacio de reflexión vital para entender cómo avanzar hacia una administración más eficiente y cercana a las necesidades de las regiones.
Desde el principio, los panelistas del encuentro se mostraron de acuerdo en un punto particular: el verdadero reto está en el manejo de los recursos, que, aseguran, son limitados y no alcanzan a cubrir todas las necesidades de ambos sistemas en materia de cobertura y calidad. A eso, se suman los altos niveles de endeudamiento de dichos sectores.
Para Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, la raíz de todo ello está en el manejo de los presupuestos para educación y salud, que se mantienen relativamente estáticos a pesar del incremento en los gastos de funcionamiento. “Después de 200 años de historia republicana, queda demostrado que el centralismo ha fracasado”, sentenció.
En ese sentido, hubo consenso al señalar que una forma de optimizar el uso de estos recursos es disminuyendo el tamaño del Estado central y de la burocracia a nivel nacional. La pregunta, sin embargo, es si ¿es posible hacer un recorte del Estado para administrar mejor lo que se tiene en salud y educación? Una reflexión atada a la reforma del Sistema General de Participaciones y su potencial, dada la eventual Ley de Competencias, para permitir una distribución más justa y eficiente.
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico destacó que el mismo debe ser una herramienta para fortalecer las capacidades territoriales. “No se trata solo de transferir recursos, sino de acompañar a las regiones para que tengan la capacidad administrativa y técnica de gestionarlos bien,” señaló. Además, hizo énfasis en que para una descentralización efectiva es imprescindible construir un modelo que garantice el control, la transparencia y el apoyo continuo desde el Gobierno Nacional.
Julián Torres, director de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP complementó esta visión al destacar que “los territorios tienen realidades muy diversas, por lo que el modelo debe ser flexible y adaptarse a las particularidades de cada municipio y departamento“. Para el funcionario, el reto está en identificar esas diferencias y diseñar políticas que respondan a las necesidades específicas de cada territorio, sin perder de vista la importancia de fortalecer el talento humano y las capacidades institucionales a nivel local.

Al descentralizar las competencias en el sector educación, el mismo puede fortalecer su calidad y cobertura adaptándose a las necesidades y contextos de cada territorio. | Foto: W Radio
En materia de educación, el académico Manuel Alcántara invitó a los asistentes a entender al sector como derecho fundamental y como instrumento clave para el desarrollo individual y colectivo que, por lo tanto, demanda atención desde todos los niveles de un Estado, no solo del central.
“Uno de los principales beneficios de descentralizar la educación es su capacidad para adecuarse a las características sociales, culturales, económicas y territoriales de cada comunidad. Los entornos rurales, urbanos o periféricos no presentan las mismas necesidades, y una política educativa uniforme puede resultar ineficaz o incluso injusta”, añadió el experto, insistiendo en el rol que ello tiene en el fortalecimiento del tejido y el desarrollo social.
En cuanto a salud, la experiencia del exministro Fernando Ruiz, resultó fundamental para entender los retos particulares de dicho sector. Ruiz recordó que la expectativa de vida en Colombia ha aumentado y, con ello, la carga de enfermedades crónicas, lo que demanda un sistema capacitado. “La salud no debe verse como un gasto, sino como una inversión social. No podemos resolver estos retos solo desde el sector, es necesario un contrato social que involucre a todos los actores,” afirmó.
El exjefe de la cartera sanitaria también alertó sobre las consecuencias de cambios recientes en la gestión de recursos, donde se ha priorizado la atención comunitaria a costa de la población ya enferma, llevando, a su juicio, a una crisis estructural en el sistema. Para él, la solución pasa por fortalecer la capacidad territorial y evitar que se descentralicen competencias sin asignar los recursos y la infraestructura necesaria para ejercerlas. “No podemos transferir funciones sin financiamiento ni sin capacidades claras”, puntualizó.

Fernando Ruiz, exministro de Salud de Colombia. | Foto: W Radio
Finalmente, todos coincidieron en que el proceso de descentralización debe ser gradual. No se trata, añadieron, de repartir recursos, sino de construir capacidades técnicas y administrativas sólidas que permitan gestionar esos recursos con eficiencia y transparencia, garantizando así la mejora en la calidad de los servicios de salud y educación. Otros ejemplos citados en esa materia fueron la transferencia de la autoridad sanitaria y de la gestión del catastro.
Esta reflexión conjunta pone sobre la mesa la importancia de un Estado que, aunque más ágil y menos burocrático, mantenga un papel activo y responsable para apoyar a las regiones, no solo en la gestión financiera sino también en el fortalecimiento institucional y en la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se trata de un cambio profundo en la manera en que se conciben y ejecutan las políticas públicas en Colombia.
En síntesis, las discusiones del segundo encuentro de Ruta Regiones llevan a interpretar la descentralización como una condición necesaria para garantizar la equidad territorial y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, no basta con transferir recursos: se requiere decisión política, capacidad técnica y una visión de país que entienda que los territorios son actores, no receptores pasivos.