Procuraduría pide sancionar a Ricardo Roa por violar topes y ocultar gastos en campaña de Petro

La W conoció que la Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña Petro presidente 2022 - 2026, por violación de topes máximos de financiación y al mismo tiempo ocultamiento de gastos de la misma campaña.

“Se tiene que el valor final de gastos para la primera vuelta de la campaña seria entonces los $28.334.680.001,oo reportados, mas $356.102.872,oo del valor de la factura CI 8136, lo cual sumaria $28.690.782.873,oo, superando en $154.262.381,oo el límite de gastos de campaña de primera vuelta, teniendo en cuenta que el mismo estaba fijado por el CNE en $28.536.520.492,oo ” señala el documento del ente de control.

Al mismo tiempo, en su análisis entregado en las últimas horas al CNE, la Procuraduría señaló directamente a Ricardo Roa de haber ejecutado maniobras tendientes a ocultar información de gastos en la segunda vuelta presidencial. Lo anterior, en el caso específico del alquiler del Movistar Arena para el evento de recepción de resultados de la segunda vuelta, donde el valor real del alquiler fue de 250 millones de pesos y el hoy presidente de Ecopetrol sólo reportó 150 millones de pesos y los otros 100 millones fueron pagados por una persona jurídica, Servired S.A.S. lo cual está prohibido por la ley.

“De acuerdo al análisis realizado en precedencia se advierte que el señor Roa Barragán de manera deliberada e intencionada, concluyéndose de esta manera que obró con dolo” se lee en el concepto de la Procuraduría.

Así entonces por estos dos cargos, el ministerio público le solicitó al CNE que sancione al presidente de Ecopetrol, así como a la tesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, con el pago de multa correspondiente al 2% del valor desembolsado por el Estado para la segunda vuelta presidencial en vista de los dos cargos que, a juicio del ente de control, fueron probados.

Es decir, que la propuesta del ministerio público es que entre los tres paguen una suma cercana a los 308 millones de pesos de multa. Según el concepto de la Procuraduría, tanto la tesorera como los auditores faltaron a su deber de, por ejemplo, verificar los gastos que se reportaron ante el CNE en asuntos como el valor del alquiler real del Movistar Arena.

La procuraduría pidió cerrar el resto de cargos abiertos contra Ricardo Roa

El ministerio público en su concepto, también realizó importantes conclusiones sobre temas que han resultado polémicos como los supuestos aportes de Fecode o la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña del presidente de la República. Pues bien, para el ente de control, amparado en declaraciones de sindicalistas como Henry Jara, no es cierto que los aportes de la USO hayan sido a la campaña, sino que los montos dispuestos fueron utilizados por la propia organización por ende Roa no tenía que reportarlos.

En relación con el supuesto aporte de 500 millones de pesos de Fecode, el ente de control arribó a situación similar, puesto que según testimonios como el del secretario general de Fecode para el 2022, Henry Velandia Puerto, la donación realizada fue entregada a la Colombia Humana, mas no a la campaña, por ende no habría tenido que ser ingresado ese reporte a las arcas de la misma.

“Comparte este funcionario las apreciaciones contenidas en la resolución 05175 de 2024, en la cual pone de presente varias inconsistencias, como, por ejemplo, que la insinuación de la donación se hiciera varios meses de haber sido autorizada la misma, o que el contenido del acta del comité no corresponda exactamente con lo realizado con esos recursos; pero para los efectos que interesan al presente proceso la realidad es que los recursos no ingresaron a la campaña” indicó el procurador Cuadro.

Adicionalmente, en el mismo sentido el ministerio público planteó que no hubo inconsistencias y tampoco intentos de ocultar información en el pago de transporte aéreo, ni tampoco en un crédito de 500 millones de pesos que se pidió pero luego se canceló durante la misma campaña, y en ese mismo sentido aseveró la Procuraduría que el pago de testigos electorales fue asumido por Colombia Humana, sin concluir que los procesados tuvieran conocimiento y por ende estuvieran obligados a incluir ese costo en los valores de la campaña.

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