Clan del Golfo y ELN se disputan San José del Palmar, Chocó: población está en medio del fuego

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana por el escenario de riesgo que enfrentan comunidades rurales, urbanas, indígenas y afrodescendientes en el municipio de San José del Palmar, Chocó, debido a la disputa entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) (Clan del Golfo).

Según el documento, fechado el 23 de mayo de 2025, persisten violaciones a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario en este municipio de la subregión del San Juan, como consecuencia del control territorial ejercido por el Frente Ernesto Che Guevara del ELN y del avance del Frente San Juan del EGC (Clan del Golfo), antes conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La confrontación se ha intensificado en áreas estratégicas del municipio, que funcionan como corredores de movilidad hacia la Serranía de los Paraguas y el Cerro de las Garrapatas. Estas zonas, además de su difícil acceso por vía terrestre, se conectan con rutas fluviales que han sido aprovechadas por los grupos armados para el tránsito de combatientes, armas y economías ilegales, incluyendo cultivos de coca. De hecho, el documento destaca que San José del Palmar registró un aumento del 635% en áreas sembradas con hoja de coca entre 2020 y 2022.

El riesgo para la población se agrava por la precariedad institucional y la debilidad de los factores de protección. La alerta identifica a niños, niñas y adolescentes; líderes sociales; población indígena y afrodescendiente; mujeres en situación de vulnerabilidad; docentes; transportadores; servidores públicos y comunidades campesinas como los principales grupos en riesgo. También se señala el estigma y la violencia contra personas con orientación sexual e identidad de género diversa, trabajadoras sexuales y consumidores de sustancias psicoactivas.

La Defensoría advierte que, pese a alertas previas emitidas desde 2018, las dinámicas de violencia se mantienen y se han profundizado. Esto evidencia una insuficiente respuesta estatal frente a la protección de derechos fundamentales en el territorio. La entidad hizo un llamado a las instituciones competentes para adoptar medidas urgentes, coordinadas y diferenciales, orientadas a mitigar el riesgo estructural que afronta la población civil en medio del conflicto.