Gobierno de Trump recurrió el veto a los aranceles y planea elevar el caso al Supremo

El Gobierno de Estados Unidos recurrió este jueves 29 de mayo el bloqueo judicial a su política arancelaria y aseguró que planea elevar el viernes el caso ante el Supremo en caso de que no haya antes una orden temporal que frene la resolución del juez.

Su escrito apuntó que la suspensión administrativa “inmediata” a la espera de que se resuelva la apelación “es necesaria para evitar un daño inmediato e irreparable a la nación”.

“A falta de una medida cautelar, Estados Unidos planea solicitar mañana (viernes) una medida de emergencia a la Corte Suprema para evitar los daños irreparables a la seguridad nacional y la economía que están en juego”, dijo la resolución del Ejecutivo ante el Tribunal de Apelaciones.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, confió este mismo jueves en que el bloqueo judicial de una corte federal a la política arancelaria impuesta por el presidente, Donald Trump, se acabará anulando.

Un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional falló el miércoles 29 de mayo que el mandatario está excediendo sus poderes ya que, en su opinión, el Congreso de EE.UU. no delega una autoridad “ilimitada” en el presidente para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).

Así pues, la orden, que consideró “inconstitucional” la política arancelaria de Trump, paralizó los gravámanes globales y los considerados recíprocos anunciados el 2 de abril, al que llamó “Día de la Liberación”, y otros previos contra Canadá, México y China.

“Vivimos bajo una tiranía judicial”, dijo este jueves 29 de mayo en X Stephen Miller, uno de los principales asesores del líder republicano.

A su vez, Jason Miller, otro de sus consejeros, criticó en la cadena Fox Business a jueces según su punto de vista “no electos que están tratando de imponer su propia voluntad en lo que respecta a la política fiscal, política comercial y todo lo relacionado con la economía”.

El Tribunal dio el miércoles 10 días al Gobierno republicano para aplicar los cambios necesarios con los que cumplir su orden y le prohibió hacer cualquier tipo de modificación futura a los aranceles en cuestión.

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