Olmedo López denuncia abandono institucional tras revelar red de corrupción en la UNGRD

En una carta enviada a la Fiscalía, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), expresó su malestar por lo que considera un abandono por parte del Estado, luego de haber colaborado con la justicia en la revelación de un escándalo de corrupción de gran escala.

“El que primero habló, hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios”, afirma López en el documento de 11 páginas dirigido a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.

El exfuncionario, pieza clave en la denuncia de lo que calificó como “uno de los casos más profundos de corrupción pública en la historia reciente del país”, asegura sentirse “abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle” su testimonio.

Su inconformidad se produce luego de que un juez penal especializado de Bogotá rechazara el preacuerdo que López firmó con la Fiscalía, en el que se comprometía a pagar $724 millones y cumplir una pena de 6 años y 2 meses de cárcel a cambio de su colaboración. El juzgado consideró la pena “irrisoria” y desestimó el pacto.

Pero lo que más inquieta a López es que la Fiscalía no apeló la decisión. “Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, advierte.

En la carta, el exdirector también denuncia un trato desigual respecto a otros implicados en el caso: “Y lo más angustiante es que, mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después, motivados por las verdades que yo revelé, gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías. Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones”.

Para López, esta situación no solo pone en riesgo su seguridad y la de su familia, sino que también compromete el futuro de las investigaciones judiciales. “Las consecuencias estructurales de esta decisión son una advertencia para futuros colaboradores, un debilitamiento de las posibilidades investigativas, y, peor aún, una puerta abierta a la impunidad de quienes orquestaron la corrupción desde los más altos cargos. Porque, ¿qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades, y contratistas de élite, si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó? ¿Qué mensaje se transmite al país si quien se atrevió a hablar, es silenciado en el proceso, mientras los grandes responsables avanzan hacia acuerdos más beneficiosos?”, cuestiona.

López asegura que su participación no obedeció a cálculos ni a negociaciones en la sombra. “Fui el primero en romper el pacto de silencio. No esperé a que otros hablaran, ni condicioné mis aportes a beneficios futuros. Lo hice con la vida en riesgo, sin pactos oscuros, sin cálculos, entregando lo que sabía, lo que viví, lo que puedo probar, y lo que otros no se atrevieron a confesar”, concluye.