Caso UNGRD: Fiscalía reveló cómo se habrían desviado cerca de $100.000 millones

La Fiscalía General de la Nación detalló las actividades presuntamente corruptas que habrían emprendido estas ocho personas, entre ellas el exdirector de la Función Pública, César Manrique, para direccionar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), derivados del convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, expuso cómo operaba la red criminal que tuvo como protagonistas a Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En una nueva fase de la investigación por el desfalco a la UNGRD, la fiscal Patiño señaló que, al parecer, para adjudicar esos contratos se recibieron coimas y se falsificaron documentos, entre otras prácticas ilegales.

La Fiscalía detalla esquema de desvío de $100.000 millones en la UNGRD

Según la Fiscalía, la organización criminal habría operado durante dos años y “tuvo vocación de permanencia”.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal Patiño señaló:

• “En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, desde mayo de 2023 hasta por lo menos mayo de 2025, Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, para la fecha, subdirector de Manejo de Desastres, Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento de la UNGRD, quienes ya fueron imputados por estos hechos e incluso Sneyder Pinilla condenado; Óscar Enrique Cárdenas Angulo, arquitecto, contratista de prestación de servicios profesionales de la UNGRD con funciones públicas; Sonia Rocío Romero Hernández, contratista de prestación de servicios profesionales de la UNGRD; así como César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y los particulares Edgar Eduardo Riveros Rey, abogado, empresario, entre otros, se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales destaca la modalidad de adquisición de bienes para asistencia humanitaria de emergencia”.

Así habría funcionado la empresa criminal, según la Fiscalía

Durante la audiencia virtual realizada en la mañana del jueves 4 de junio, la fiscal Patiño explicó que los contratos se habrían entregado irregularmente a cambio de sobornos:

• “Con este acuerdo de voluntades entre funcionarios públicos de la UNGRD, particulares y contratistas, lograron consolidar una organización criminal que tenía como propósito interesarse indebidamente en contratos de la UNGRD en aras de direccionarlos a los empresarios que estuvieran dispuestos a pagar coimas por su adjudicación, incurriendo en múltiples falsedades documentales públicas y privadas a fin de viabilizar los desembolsos y apropiarse de los dineros del Estado”.

El convenio con la Agencia Nacional de Tierras para atender la escasez de agua en La Guajira habría sido clave en los hechos irregulares:

• “La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que los actores se interesaron en la contratación por el valor de los recursos reducidos del convenio que el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tenía con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que estaban designados a atender la problemática de desabastecimiento de agua en el departamento de La Guajira mediante la adquisición de plantas desalinizadoras, carro tanques pequeños, compra de tanques, arreglos de molinos, adecuación de pozos, aerodesalinizadoras y plantas desalinizadoras con sus correspondientes interventorías, por valor total de 98.392 millones de pesos”.

Agregó la fiscal “con ocasión de este acuerdo criminal, desde el mes de octubre de 2023 hasta febrero de 2024, la organización realizó el direccionamiento de seis procesos de contratación correspondientes a la adquisición de carrotanques pequeños, plantas desalinizadoras, pozos subterráneos y sus interventorías, así como un contrato de topografía, por valor total de 83.000 millones de pesos, a cambio de coimas”.

Argumentó también que “la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, debido a la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general de la comunidad”.

Delitos imputados por la Fiscalía

• César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
• Édgar Riveros Rey, abogado: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú): interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD: lavado de activos.

La Fiscalía también anunció que solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los implicados, al considerar que su permanencia en libertad representa un riesgo para el proceso.

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