Fiscal Camargo admite errores en caso contra Sanguino pero niega intención de “enredar” el proceso

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que se cometieron errores en el caso del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, procesado por su presunta participación con el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

El caso, que según explicó Camargo se remonta al año 2008, involucra dos hechos concretos: el primero, un presunto tráfico de influencias para el nombramiento de Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme; y el segundo, la supuesta intervención de Sanguino para direccionar un contrato de construcción en ese hospital al contratista Héctor Julio Gómez, a cambio de una coima del 10%.

Camargo reconoció que el caso se tramitó de forma irregular. “Este proceso duró mucho tiempo inactivo o con una actividad muy baja”, explicó, y solo se reactivó en octubre de 2024, cuando el fiscal del caso imputó el delito bajo la figura de delito continuado, “una tesis jurídica muy compleja”, en palabras de la fiscal.

En febrero de 2025, tras la designación de Sanguino como ministro de Trabajo, el caso fue trasladado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema. En ese sentido, la fiscal encargada del caso identificó dificultades para sostener esa imputación en juicio, por lo que se propuso corregir el enfoque.

“La Fiscalía no tiene la intención de dañar, de enredar, lo que busca es corregir a tiempo un yerro que podría constituirnos una dificultad posterior en el juicio”, sostuvo Camargo.

Por esa razón, se solicitó a la Corte que decrete la prescripción del presunto tráfico de influencias de 2008, ya que habrían pasado más de 16 años desde la ocurrencia del hecho, superando el término legal de prescripción.

“Ese es un instituto procesal que castiga la morosidad de la Administración de Justicia y que ampara al procesado. Entonces no se trata de enredar ni de favorecer a nadie, se trata de aplicar la ley”, afirmó la fiscal.

En cuanto al segundo hecho, relacionado con la presunta adjudicación irregular del contrato hospitalario, la Fiscalía considera que ese episodio no está prescrito y podría tipificarse como contrato sin cumplimiento de requisitos legales o, en su defecto, como tráfico de influencias.

“Lo que se pretende es, sencillamente, ajustar la acusación a alguna de estas hipótesis, para no tener dificultades en el juicio, para llevarlo en términos básicos de buena adecuación típica, que es lo que a la Fiscalía le corresponde”, concluyó Camargo.

Ahora, la decisión está en manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si acoge la solicitud de la Fiscalía.

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