Tribunal Supremo rechazó recusación de un juez en causa por corrupción contra Cristina Fernández

El Tribunal Supremo argentino rechazó este miércoles 4 de junio el pedido de recusación contra uno de sus jueces, Ricardo Lorenzetti, presentado el mes pasado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en el marco de una causa por corrupción en su contra.

“Se rechaza in limine la recusación planteada”, anunció la Corte en un comunicado, en el que detalló los motivos por los cuales rechazó el pedido de la exmandataria, que enfrenta una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sobre la que debe pronunciarse el máximo el tribunal.

La condena -en primera y segunda instancia- es por irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a compañías del empresario Lázaro Báez durante su mandato.

Entre los argumentos esgrimidos por la Corte para rechazar este miércoles el pedido se incluyen cuestiones de plazos, de forma y la falta de entidad de algunos de los motivos de la petición de Fernández.

El pasado 1 de mayo, Lorenzetti había declarado que el Supremo emitirá un fallo en la causa contra Fernández antes de las elecciones legislativas previstas para octubre próximo, algo que fue interpretado por la exmandataria como “amenazas veladas” en su contra.

Fernández apuntó también contra la falta de “imparcialidad, independencia e integridad” del magistrado por sus recientes declaraciones y denunció que el juez mantuvo reuniones privadas con el presidente argentino, Javier Milei, “sin que exista ni se haya informado ninguna razón de carácter institucional que las justifique”.

La Corte no tiene plazos para expedirse en el caso y, si confirma la condena, Fernández, de 72 años, podría cumplir su pena de forma domiciliaria dado que la ley argentina concede ese beneficio a personas mayores de 70. Sin embargo, sí quedaría imposibilitada de por vida de ejercer cargos públicos.

Los tiempos de la decisión del Supremo son de vital importancia y podrían tener repercusiones políticas, ya que la expresidenta anunció esta semana su candidatura para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que se celebrarán en septiembre, y para las cuales podría presentarse en caso de que su condena no sea ratificada antes del 19 de julio, día en el que se deben presentar las candidaturas.

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