Corte Suprema definirá futuro del proceso contra César Manrique Soacha por escándalo en la UNGRD
La imputación de cargos contra el exdirector de la Función Pública fue suspendida sin fecha definida, mientras la Corte Suprema resuelve un conflicto de competencias planteado por la defensa.
César Manrique, exdirector Departamento del Deprtamento Administrativo de la Función Pública. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)
La audiencia de imputación de cargos contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quedó suspendida debido a un conflicto de competencias que ahora deberá ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía le atribuye su presunta participación en una red de corrupción que operó dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de millonarios sobornos.
Durante la diligencia iniciada el miércoles y continuada este jueves, la defensa de Manrique Soacha alegó que los hechos por los cuales se le investiga ocurrieron mientras él aún ejercía como director de Función Pública. Bajo ese argumento, consideró que el proceso debía tramitarse ante un juez con fuero especial, es decir, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y no ante un juez de control de garantías.
“La Fiscalía desconoció el fuero constitucional que tenía mi defendido en el momento de los hechos”, sostuvo la defensa, al insistir en que la imputación había sido presentada ante una autoridad judicial sin competencia para asumir el caso.
Sin embargo, la juez 66 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá desestimó esa solicitud. En una extensa intervención, la togada concluyó que los hechos imputados no guardaban relación directa con el cargo que ostentaba Manrique Soacha y, por tanto, su despacho sí era competente para adelantar las diligencias preliminares.
“En consecuencia, dado que el ciudadano investigado penalmente ya no ostenta la condición de director del Departamento Administrativo de la Función Pública por haber renunciado, dada la pérdida del estatus foral del investigado y no tener la conducta relacionada con las funciones desempeñadas (…) no tiene relación con el cargo como director de la Función Pública para el momento en que estos hechos ocurrieron”, expresó la jueza.
Añadió que “no se avizora ninguna relación de carácter funcional y, bajo esta consideración, este despacho ha de indicar, salvo mejor criterio, que es competente para conocer de estas diligencias preliminares”.
No obstante, y en aras de garantizar el derecho a la defensa y evitar “futuras nulidades”, la jueza decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese alto tribunal el que resuelva el conflicto planteado. “Se surtirá en el efecto suspensivo, advirtiendo que dentro de este proceso hay una persona que se encuentra privada de la libertad por cuenta de otra autoridad”, concluyó.
La diligencia judicial quedó suspendida indefinidamente a la espera del pronunciamiento de la Corte.
El miércoles, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, había formulado la imputación contra Manrique Soacha por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según el ente acusador, el exfuncionario habría recibido 3 mil millones de pesos en sobornos por facilitar la desviación de recursos públicos destinados a la atención humanitaria en La Guajira.
De acuerdo con la Fiscalía, Manrique Soacha se interesó de forma irregular en la adjudicación de millonarios contratos administrados por la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. Lo hizo, según el expediente, utilizando su cargo, poder e influencias para montar una “organización criminal” cuyo objetivo era direccionar recursos públicos con fines políticos.
