“Hay un enemigo interno en la paz total”: exparamilitares suspenden su rol como gestores de paz

La W conoció en primicia que los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia presentarán la suspensión a su rol como gestores de paz, argumentando sabotaje desde el propio Gobierno. En una carta al presidente Petro, acusan a altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de actuar como un “enemigo interno” de la política de la “Paz Total”.

Según los denunciantes, entre los responsables del presunto boicot estarían el comisionado de paz, Otty Patiño; el jefe negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez; y María Paz Lara, también miembro de la oficina.

En el documento, los firmantes —designados como gestores mediante la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024— expresan que suspenden su encargo y cualquier relación con la OCCP, debido al “reiterado incumplimiento” por parte de esa oficina.

Aseguran que las gestiones que debían realizar fueron reducidas a un acto simbólico, sin respaldo político ni operativo real.

Los excomandantes denuncian que hubo una “abierta insubordinación” frente a órdenes presidenciales y acusan a la OCCP de actuar con falta de transparencia, improvisación y sin voluntad política.

Como hechos concretos, relatan el incumplimiento en la instalación de la mesa para el cierre del proceso de Ralito —prometida inicialmente para el 20 de mayo de 2024 y luego para el 4 de junio— que nunca se materializó, a pesar de los compromisos públicos asumidos por Otty Patiño y Álvaro Jiménez.

También mencionan la ausencia de gestión por parte de la OCCP desde su designación: durante ocho meses no se convocó ninguna mesa técnica ni se asignó presupuesto. Solo a un mes del vencimiento de su encargo, afirman, se les solicitó un plan de trabajo que consideraron inviable.

El episodio más reciente ocurrió cuando la OCCP programó una reunión plenaria con todos los gestores para discutir puntos clave como el cierre de Ralito, el componente transicional de Justicia y Paz, y su participación en la paz total.

Aunque el INPEC ya había emitido las resoluciones de traslado, la reunión fue cancelada 48 horas antes por orden directa de Patiño, Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas, sin argumentos técnicos, jurídicos ni de seguridad.

A juicio de los firmantes, estas acciones buscan deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito y reescribir la historia. Según denuncian, algunos funcionarios de la OCCP les manifestaron que “la negociación de Ralito nunca existió”, lo que contradice decisiones judiciales y documentos históricos.

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