Gobierno Nacional defiende rol de gestores de paz tras renuncia de exjefes paramilitares
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Bandera de Colombia. Foto: Getty Images. / Simon McGill
El Gobierno colombiano defendió este sábado 7 de junio el papel de los exjefes paramilitares designados como gestores de paz después de que 16 de ellos anunciaran su renuncia al considerar que su función es algo “meramente simbólico” por supuestos incumplimientos de la Consejería Comisionada para la Paz.
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“La satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental”, respondió la Consejería en un comunicado en el que reiteró que las actuales designaciones, cuya prórroga se extiende hasta el 8 de julio, se mantienen vigentes y serán evaluadas directamente por el presidente Gustavo Petro, con base en los avances alcanzados.
Exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo o Rodrigo Tovar, habían anunciado el jueves su salida del proceso, alegando “falta de transparencia”, “dilaciones sistemáticas” y una “abierta insubordinación” por parte de la Consejería, que a su juicio obstaculizaron la implementación de sus funciones.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Sin embargo, algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos acabaron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos Mancuso, quien regresó el año pasado a Colombia tras cumplir una condena en ese país.
Ante este antecedente, el Gobierno reafirmó que la figura de los gestores buscaba cerrar asuntos pendientes del proceso con las AUC, particularmente frente al incumplimiento de compromisos del Estado con las víctimas del paramilitarismo.
La Consejería también destacó que algunos gestores han contribuido a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y al reporte de bienes con potencial de reparación.
“No se trata de abrir una nueva negociación con las AUC, sino de facilitar acciones en favor de las víctimas”, aclaró la entidad del Gobierno.
