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Atentado Miguel Uribe: autoridades allanaron propiedades de familiares de menor involucrado

Un menor de 14 años permanece bajo custodia médica, rodeado por un robusto operativo de seguridad que incluye 50 uniformados. Autoridades ya practicaron allanamientos clave y no descartan vínculos con estructuras criminales.

Atentado contra el senador Miguel Uribe. Foto: Colprensa.

Atentado contra el senador Miguel Uribe. Foto: Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que en las últimas horas se llevaron a cabo dos allanamientos clave en Bogotá, como parte de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las diligencias judiciales fueron adelantadas por unidades especializadas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Según fuentes del caso, los operativos se realizaron en viviendas de familiares del menor de 14 años capturado tras el ataque, con el objetivo de esclarecer posibles vínculos con estructuras criminales.

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El material incautado ya está siendo analizado por inteligencia y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la planificación del atentado.

Mientras tanto, un fuerte dispositivo de seguridad se mantiene en el centro médico donde permanece hospitalizado el menor, quien resultó herido en una pierna por la reacción de los escoltas del congresista. El ataque se registró el sábado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Unos 50 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército custodian el lugar. El operativo incluye personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Militar y agentes de Tránsito, encargados de vigilar el perímetro, controlar accesos y garantizar la seguridad tanto del menor como del personal médico.

Además, en el piso donde el joven recibe atención médica, hay presencia de al menos 20 funcionarios de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras autoridades judiciales, que verifican los protocolos de protección y seguimiento al caso.

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