Revelan origen del arma usada en atentado contra Miguel Uribe: fue comprada legalmente en EE.UU.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que el arma fue sometida a un examen de uniprocedencia que permitió rastrear su origen.

Detalles del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)
La Fiscalía General de la Nación y la Policía revelaron nuevos detalles sobre el atentado sicarial del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado en el barrio Modelia, en Bogotá. Según confirmaron, el arma utilizada fue una pistola Glock, calibre 9 milímetros, comprada legalmente en el estado de Arizona (EE. UU.) el 6 de agosto de 2020.
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El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que el arma fue sometida a un examen de uniprocedencia que permitió rastrear su origen. Las autoridades ahora buscan establecer cómo llegó a Colombia y si estuvo involucrada en otros hechos delictivos antes del atentado.
“El objetivo número uno es identificar la red sicarial que habría contactado al menor como ejecutor material”, afirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Indicó que se adelantan estudios balísticos para determinar si esa misma arma ha sido utilizada en otros ataques similares.
Como parte de la investigación, la Fiscalía y la Policía han analizado más de 1.000 videos de cámaras de seguridad y realizado 23 entrevistas, entre ellas a personas que asistieron a la concentración política del sábado, a familiares del menor y a miembros del esquema de seguridad de Uribe. También se revisa el recorrido que hizo la víctima ese día para establecer si fue objeto de seguimiento.
La aprehensión del menor, señalado de disparar contra el senador, fue legalizada en la madrugada del lunes. El joven enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Según informó la Fiscalía, será trasladado a un lugar especial bajo custodia del ente investigador, en cumplimiento de los protocolos de protección de menores.