Suspenden a cinco empresas de seguridad en Barranquilla por presuntos incumplimientos de ley
La información fue dada a conocer por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Durante la operación, las autoridades decomisaron armamento, drogas, equipos de comunicación y prendas de uso privativo de la fuerza pública. Foto: GettyImages
Barranquilla
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió de manera temporal las licencias de cinco empresas de seguridad ubicadas en Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente.
Además de fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, se encontró que una de las empresas tendría posibles vínculos con estructuras delictivas, hecho que actualmente es objeto de investigación.
Las acciones corresponden a una estrategia desarrollada entre el Ministerio de Defensa, Policía y Fiscalía para el fortalecimiento del control de armas, con el propósito de prevenir la instrumentalización del sector por parte del crimen organizado.
La medida se tomó sobre las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
Las mismas fueron adoptadas con fundamento en los hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad.
“La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, ha acompañado los procedimientos y ha dispuesto los espacios físicos para la custodia provisional del armamento, garantizando condiciones de seguridad, transparencia y trazabilidad del armamento durante el proceso”, indicó la superintendencia.
Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Por otro lado, se trataron eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto y probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia, y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
“Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, las actuaciones adelantadas contaron con el acompañamiento de funcionarios de la procuraduría, quienes actuaron como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías procesales y la transparencia institucional durante el desarrollo de los procedimientos”, detallaron.
