42 militares y dos civiles reconocen ante la JEP su participación en falsos positivos en Antioquia
Exintegrantes de la IV Brigada del Ejército aceptaron responsabilidad en 581 asesinatos y 208 desapariciones forzadas cometidas entre 2002 y 2007.
Falsos positivos. Foto: Getty Images / Gerardo Gómez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 42 antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional —incluidos seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados profesionales y dos civiles— aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Antioquia.
Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2007 y se enmarcan en el Caso 03 de ‘falsos positivos’, dentro del cual el subcaso Antioquia concentra el 25,19 % del total nacional de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Los comparecientes reconocieron su participación en el asesinato de al menos 581 personas, 208 de las cuales también fueron desaparecidas forzadamente. Los crímenes fueron ejecutados por seis batallones de la IV Brigada, que aplicaron una política de facto orientada a reportar el mayor número de muertes como indicador de éxito militar, sin importar su legalidad.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien se desempeñó como oficial de operaciones de la IV Brigada entre 2004 y 2007. En su carta de reconocimiento, admitió haber impulsado una política basada en “incentivos positivos y negativos” para aumentar las cifras de muertes. “Ejercí presión indebida a fin de que se dieran más resultados operacionales (…) fomenté el otorgamiento de medallas como consecuencia de la presentación de bajas en combate”, señaló.
Además de los reconocimientos individuales, los comparecientes se comprometieron a entregar información relevante a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y participar en actividades restaurativas. Algunos, incluso, aceptaron hechos adicionales no incluidos en las imputaciones, como el mayor César Augusto Tavera Cardona, quien asumió responsabilidad por crímenes cometidos por sus subalternos bajo presión de sus superiores.
Entre los reconocidos están también los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz, todos ellos comandantes de unidades investigadas. En total, se identificó que la IV Brigada fue responsable del 73 % de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2000 y 2013, especialmente entre 2003 y 2005.
A pesar de la contundencia de la evidencia reunida por la JEP —entre versiones voluntarias, documentos operacionales y registros radiales—, ocho comparecientes no aceptaron la imputación o guardaron silencio. El general (r) Mario Montoya, quien fue comandante de la IV Brigada en 2002 y 2003, no reconoció responsabilidad y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Los reconocimientos recibidos hasta el 5 de junio —fecha límite para responder a las imputaciones— permitirán a la Sala de Reconocimiento definir las condiciones para las Audiencias Públicas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que se realizarán en el segundo semestre del año en Medellín y el oriente antioqueño. Allí, los responsables deberán asumir públicamente sus crímenes, reconocerlos como violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y demostrar su voluntad de reparar a las víctimas.
