JEP acepta sometimiento de general (r) Garzón Vélez por masacre de Santo Domingo en 1998

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, quien admitió su participación en la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en zona rural de Tame, Arauca. El oficial retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reconoció que dirigió disparos contra civiles que huían tras el bombardeo lanzado desde un helicóptero.

Garzón Vélez era parte del Comando Aéreo de Combate No. 2 y participó en las operaciones conjuntas del Ejército y la FAC que, según inteligencia militar de la época, buscaban interceptar una avioneta presuntamente vinculada a la guerrilla. Las acciones se enmarcaron en las operaciones militares ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’, que involucraron a tropas de la Brigada 18 y del Batallón Contraguerrilla No. 36, además de seis aeronaves, entre ellas un helicóptero artillado con bombas de fragmentación.

Durante el operativo, las fuerzas aéreas lanzaron un artefacto explosivo tipo racimo sobre el caserío de Santo Domingo, sin distinguir entre combatientes y población civil. Diecisiete personas murieron en el acto, entre ellas varios menores y mujeres, y otras 21 resultaron heridas.

El testimonio de Garzón, aceptado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, reveló no solo su responsabilidad directa en los disparos posteriores al bombardeo, sino también maniobras de encubrimiento que habrían protegido a altos mandos militares. El exoficial reconoció que disparó contra personas vestidas de blanco que huían del lugar, sin verificar su condición de civiles.

El caso ha sido examinado por instancias nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado colombiano responsable por violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.

Pese a que la JEP resaltó los aportes del compareciente y su disposición a participar en actos restaurativos con las víctimas, su rol en los hechos aún deberá ser evaluado para determinar si puede recibir beneficios judiciales. La Sala aclaró que solo quienes no hayan tenido un papel decisivo en la ejecución de patrones criminales pueden acogerse a la resolución definitiva de su situación jurídica.

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