Envían a prisión al presunto coordinador del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Carlos Eduardo Mora González fue enviado a prisión por orden de un juzgado de Bogotá, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de la capital. Por razones de seguridad, la reclusión se cumpliría en el Búnker de la Fiscalía.

La Fiscalía lo imputó por:

• Tentativa de homicidio agravado.
• Porte ilegal de armas de fuego.
• Uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Según las investigaciones, Mora González habría actuado como coautor del ataque, haciendo un reconocimiento del lugar donde se perpetraría el crimen dos días antes, el 5 de junio.

El ente acusador también estableció que participó en la logística final del atentado y, el día de los hechos, estuvo presente dentro del vehículo donde el menor de 15 años que disparó contra el senador recibió el arma —una pistola Glock 9 milímetros— cambió su ropa antes de cometer el ataque en el parque El Golfito, barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Paralelamente, dos personas más se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía y rindieron interrogatorio como parte del proceso.

Uno de ellos es el motociclista que, según videos de cámaras de seguridad, transportó al menor hasta el lugar del atentado. En su testimonio inicial aseguró haber sido contactado mediante una plataforma de transporte a través de redes sociales para llevar al joven hasta las inmediaciones del parque.

La otra persona que se presentó también aparece en los registros audiovisuales que están siendo analizados por los investigadores. En total, se revisan más de mil grabaciones obtenidas por la Fiscalía y la policía judicial.

Pruebas clave aportadas por la familia de Uribe Turbay

La familia de Miguel Uribe también entregó a la Fiscalía nuevo material probatorio recolectado por un equipo de investigadores privados contratados por el representante civil de la víctima.

El abogado Víctor Mosquera Marín informó que entre las pruebas entregadas figuran una base de datos con más de 1.160 contactos extraídos de grupos de WhatsApp, 208 videos preservados bajo estándares técnicos, y 1.509 archivos audiovisuales —entre fotos y documentos— con posible valor judicial.

A ello se suman 11 entrevistas realizadas a testigos presenciales del atentado y miembros del equipo de campaña del senador, así como cuatro informes técnicos en áreas de campo, laboratorio e informática forense.

También se entregaron 51 correos electrónicos enviados a la Unidad Nacional de Protección, debidamente asegurados y respaldados en formato PDF, los cuales quedaron bajo custodia del CTI para su análisis técnico.

“Trabajamos en estrecha coordinación con la Fiscalía, para que todos los elementos materiales probatorios y evidencia física sean recaudados de manera directa, transparente y conforme a los más altos estándares forenses, reafirmando nuestro compromiso con una colaboración institucional plena”, indicó el abogado Mosquera.