“No he interferido en el caso”: fiscal Camargo negó recusación de Sandra Ortiz

W Radio conoció en primicia que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, rechazó la recusación presentada por Sandra Ortiz en el marco del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la funcionaria, no ha interferido en el caso ni ha vulnerado derechos fundamentales.

Ortiz, señalada como la “mensajera de los sobornos” en el entramado de corrupción que salpica a exfuncionarios y congresistas, alegó que la imputación en su contra fue “inflada” con delitos como lavado de activos y tráfico de influencias agravado. Además, denunció un supuesto trato desigual frente a otros procesados.

“La solicitante afirma que se violaron sus derechos fundamentales y el principio de objetividad, por cuanto, a su juicio, el trato que se le ha dado respecto de los demás procesados ha sido ‘desigual e inmotivado’”, se lee en la recusación de 13 páginas conocido por W Radio.

Ortiz también aseguró que la información que ha ofrecido para acceder a un principio de oportunidad fue considerada por la Fiscalía como “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, lo que, según ella, refleja una directriz discriminatoria de parte de la fiscal general.

En su respuesta, Camargo fue enfática: “Jamás he interferido en el caso”. Argumentó que sus expresiones han sido de carácter general y abstracto, y que no se cumplen los requisitos legales para que proceda una recusación.

“La simple opinión o postura institucional sobre un caso público no implica impedimento legal, ni constituye falta de imparcialidad”, indicó la jefa del ente acusador.

La fiscal también recalcó que no ha desconocido la presunción de inocencia ni ha emitido manifestaciones que comprometan la objetividad de la investigación.

Con esta decisión, la Fiscalía continuará adelante con el proceso penal contra Sandra Ortiz. Por su parte, las denuncias presentadas contra Camargo por supuesta extralimitación de funciones seguirán su curso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Lea aquí la decisión:

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