Carlos Ramón González dijo que es inocente: “Es una terrible injusticia de la que soy víctima”
La defensa del exdirector del Dapre dijo que Olmedo López mintió y le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que le permita defenderse en libertad, mientras la Fiscalía insiste en enviarlo a prisión por su presunto papel en el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Carlos Ramón González. Foto: Presidencia
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), enfrenta una posible medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, que lo señala de haber participado en el millonario entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante la audiencia, el exfuncionario calificó el proceso como una persecución infundada: “Es una terrible injusticia que se está cometiendo contra mí en este caso, del cual hoy soy víctima”.
Su abogado, Iván Cancino, cuestionó duramente los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador y señaló que todo el caso se sostiene sobre un solo testimonio: el del exdirector de la UNGRD, Olmedo López.
“Es un testigo mentiroso que sólo pretende obtener beneficios judiciales a cambio de incriminar al exdirector del Dapre”, afirmó.
Según la defensa, la Fiscalía intenta manipular el proceso al basarse en la colaboración de López, quien recibió un principio de oportunidad.
“La Fiscalía está sacando conclusiones sobre el paradero de Carlos Ramón del sombrero, como el ‘Gato Félix’ (…) Si sale o entra del país está en todo su derecho, porque no tiene ningún tipo de medida que se lo restrinja”, señaló Cancino, luego de que el ente investigador alertara que González habría asistido virtualmente a una audiencia desde Nicaragua.
Cancino también aseguró que su cliente ha atendido los llamados de la justicia.
“No es cierto que el exfuncionario no tenga intención de comparecer; ya se cumplió a la única diligencia de arraigo a la que ha sido citado, y fue una decisión del juez hacer la audiencia virtual y no presencial”, explicó.
Por su parte, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, defendió la solicitud de medida de aseguramiento con base en múltiples pruebas: “Este proceso no se sustenta en simples sospechas carentes de respaldo jurídico, sino en pruebas contundentes”. Añadió que González representa un riesgo de obstrucción a la justicia y de fuga: “Sí existe un riesgo de que evada la justicia”, sostuvo.
La Fiscalía lo acusa de haber ordenado pagos ilícitos desde el Dapre a favor de congresistas para asegurar apoyo político. Según el expediente, González habría instruido a Olmedo López para que entregara 70.000 millones de pesos en contratos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name ($60.000 millones), y de la Cámara, Andrés Calle ($10.000 millones). Posteriormente, la modalidad del soborno habría cambiado a dinero en efectivo: 4.000 millones de pesos repartidos entre ambos legisladores.
“Para cubrir el pago de esas coimas, se valieron de actos de corrupción y pactaron sobrecostos en el contrato para la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, cuyo valor ascendió a más de 46.800 millones de pesos”, detalló la fiscal.
La delegada también presentó como evidencia los interrogatorios de Olmedo López, quien mencionó un desayuno realizado en septiembre de 2023 por la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz, en el que se habría pactado una coima de 3.000 millones para Name, usada para apoyar la campaña política de su hija.
Asimismo, el senador Iván Name habría corroborado ante la Corte Suprema la reunión del 25 de septiembre de 2023 en las residencias Tequendama, donde se habría cerrado el acuerdo ilícito. En otro interrogatorio, Olmedo López declaró que recibió órdenes de González para gestionar directamente con Andrés Calle, con quien luego se reunió para hablar de las campañas políticas de su familia.
Además, un informe de Policía Judicial estableció que el congresista Calle ingresó a la UNGRD el 25 de septiembre de 2023 para pactar el pago de una coima por 1.000 millones de pesos. A esto se suma una declaración reciente, del 5 de junio de 2024, en la que López asegura que González reiteró la necesidad de cumplir con esos pagos para impulsar proyectos del Gobierno en el Congreso.
La Fiscalía también reveló una anomalía en los registros de las cámaras de la Casa de Nariño. “Detectamos un extraño vacío en las grabaciones del 21 de septiembre, justo cuando habrían coincidido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González”, advirtió la fiscal Patiño.
El procurador delegado Mario Gómez respaldó la petición de medida de aseguramiento, al igual que el abogado de la Contraloría y representantes de las víctimas de la UNGRD y de comunidades indígenas de La Guajira. Todos advirtieron del peligro procesal que representa mantener en libertad al exfuncionario.
“Se ha desdibujado la participación de mi defendido”, insistió Cancino, al desvirtuar los señalamientos sobre lavado de activos.
El Tribunal Superior de Bogotá suspendió la diligencia y citó para el 3 de julio una nueva audiencia, en la que se definirá si Carlos Ramón González será enviado o no a la cárcel mientras avanza el proceso penal en su contra.
