Hijo de Bolsonaro denunció persecución política tras la acusación por espionaje ilegal
Esta denuncia se realizó luego de que se conozca que Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño, es uno de los acusados por la Policía Federal (PF) de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personas públicas durante el gobierno de su padre.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/Joédson Alves
Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño, denunció este martes, 17 de junio, persecución política luego de que se conozca que es uno de los acusados por la Policía Federal (PF) de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personas públicas durante el gobierno de su padre.
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En una publicación en su cuenta oficial de X, el actual concejal por Río de Janeiro escribió: “¿Alguien tenía alguna duda de que la PF de Lula haría eso conmigo? ¿Justificación? Creo que ya lo saben: ¿elecciones en 2026? ¡No lo creo! ¡Pura coincidencia!”.
Carlos Bolsonaro manifestó en esta misma red social su deseo de presentarse nuevamente para otro cargo en las elecciones de 2026, ya sea en Río de Janeiro o en otro estado “donde pueda ser más útil al proyecto de liberación de Brasil”.
Según medios locales, Carlos Bolsonaro, que ejerce de concejal en Río de Janeiro, está estudiando la posibilidad de ser candidato a senador por el estado sureño de Santa Catarina en los comicios del próximo año.
Según el medio brasileño G1, el concejal por Río es investigado por la Policía por supuestamente administrar los datos obtenidos por la Abin para atacar públicamente a los personajes ilegalmente espiados durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
La investigación, presentada por la Policía Federal a la Corte Suprema, indicó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus móviles y ordenadores.
Ahora el Supremo deberá remitir el informe a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias.
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