Acción popular de personeros deja sin efecto el régimen tarifario de energía para la Costa

Santa Marta

En cumplimiento de la Acción Popular que el Tribunal Administrativo del Atlántico les concedió a los personeros de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó en su Sesión 1388 del 30 de mayo la reformulación de manera definitiva del componente de comercialización, decisión que disminuirá, en términos estimados, en $54 por kilovatios hora el valor del consumo mensual que Air-e les cobra a 2.7 millones de usuarios.

“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, expresaron los personeros Edwar Orozco, de Santa Marta y Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla.

Esta nueva decisión dejaría sin efecto en la práctica el régimen transitorio especial creado en 2019, teniendo en cuenta que, en cumplimiento de la Acción Popular, la CREG dejó sin efectos cobros como el del 20% de los gastos de Administración Operación y Mantenimiento (AOM) y el de las pérdidas no técnicas, o robo de energía, equivalente a $90 kWh, entre otras medidas.

La CREG, tras un prolongado y profundo análisis, reformuló el cargo de la comercialización que permite disminuir, aproximadamente, el 20% que se cobra para el país y elimina el 20% adicional que se le cobraba a la Costa. También eliminaría los 300 puntos básicos de cartera que conforman esa fórmula técnica para el Caribe.

De acuerdo con los cálculos de la CREG, por esta decisión los usuarios de Air-e dejarán de pagar al año $282.000 millones, aproximadamente.

Los efectos de la Acción Popular del Tribunal del Atlántico favorecerán también a los clientes de Afinia, en Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar, que por el componente de comercialización no pagarán al año $114.000 millones, aproximadamente. A ellos se les reducirá en $23/kilovatios hora la factura mensual.

Finalmente, los personeros manifiestan que lo que queda ahora es que el Gobierno Nacional garantice la prestación del servicio de energía ante la crisis financiera de Air-e.

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