“Está en situación de sedición contra el presidente”: Petro sobre el registrador nacional
Según lo anunciado por Hernán Penagos, la idea es instar al Consejo de Estado para que emita un concepto sobre el decreto que convoca a una consulta popular.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República. / Juan Diego Cano
En medio del consejo de ministros televisado que se realizó en la noche de este martes 17 de junio, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del registrador nacional de dejar en manos de las altas cortes, el futuro de la consulta popular. El mandatario mostró su rechazo y dijo que Hernán Penagos no tenía “ningún derecho a decir lo que dijo”.
Por eso, el presidente Petro advirtió que el registrador Penagos “está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas, eso no se hace. No señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley”. Además, añadió que el decreto que convoca la consulta popular goza de presunción de ilegalidad.
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“Alrededor de estos temas, no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador”, señaló Petro. Sin embargo, afirmó que si se avanza en lo aprobado por la Cámara de Representantes en cuanto a la reforma laboral, la firmará y se levantará la consulta popular.
Según lo anunciado por el registrador nacional, Hernán Penagos, la idea es instar al Consejo de Estado para que emita un concepto sobre el decreto que convoca a una consulta popular. “Vamos a instar a los jueces de la república para que decidan sobre los actos judiciales, para que decidan sobre esta consulta popular”, señaló Penagos.
“Desde hoy a la fecha de convocatoria de la consulta popular hay cerca de 53 días. Debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta en 53 días. Mínimamente, la Registraduría requiere alrededor de tres meses”. Por eso Penagos, ante este escenario, fue enfático en decir que no convocará a la ciudadanía a las urnas hasta que se pronuncie la justicia sobre la constitucionalidad del decreto.
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