SIC formula pliego de cargos contra EPM y Dispac: “habrían cobrado por participar en procesos”
La Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que estas empresas de servicios públicos domiciliarios habrían impedido la libre competencia en procesos de contratación.
Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra EPM y la Empresa Distribuidora Del Pacífico (Dispac) por presuntamente impedir la libre competencia en procesos de contratación entre 2020 y 2023.
La entidad afirmó que EPM habría pedido a los interesados en competir en los procesos de contratación que “pagaran cierta suma de dinero para adquirir el derecho a participar”.
Y agrega: “segundo, impedir la participación de estructuras plurales como consorcios o uniones temporales; y tercero, limitar el número de integrantes que podían conformarlas, el porcentaje de participación que debían tener en estas sus integrantes y el régimen de responsabilidad que les aplicaba”.
Según la SIC, EPM habría establecido estas condiciones en al menos 24 procesos de contratación cuyas cuantías acumuladas superan el billón de pesos.
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De otro lado, en el caso de Dispac, la SIC habría establecido que en ciertos procesos de contratación se impuso al menos una de las siguientes condiciones: que los interesados en competir en estos pagaran cierta suma de dinero para adquirir el derecho a participar; y segundo, limitar el número de integrantes que podían conformar las estructuras plurales como consorcios o uniones temporales.
Esto se habría dado en 23 procesos de contratación para la construcción de obras y la realización de interventorías, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, cuyas cuantías acumuladas superan los 400.000 millones de pesos.
Sobre este asunto, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, afirmó que “la imposición de barreras de entrada no justificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes”.
“Lo anterior se traduce en ineficiencias que terminan trasladándose a los consumidores, en un servicio de menor calidad o en precios más elevados”, precisó la superintendente.
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