En diciembre continuará juicio contra dos exalcaldes y un exsecretario de Cultura en Córdoba

Montería

W Radio conoció que los días 9 y 10 de diciembre de 2025 continuará el juicio oral que se sigue en contra de los exalcaldes de San Carlos, Córdoba, Omar Gloria Arrieta y Víctor Manuel Valverde Pérez, y el exsecretario de Cultura del departamento, Jairo Aníbal Doria, por presunta corrupción en contratación.

Según la Fiscalía, Alcaldía de San Carlos (Córdoba), celebró un convenio interadministrativo el 26 de febrero del año 2015 con la Asociación de Municipios de la Sabana y del Sinú (AMUSSIM), destinado a ejecutar obras de construcción de dos aulas, una sala de profesores, mantenimiento del laboratorio y patio salón de la institución educativa San José de Carrizal, ubicada en el corregimiento Carrizal.

Dicho convenio se habría suscrito por un valor de 315 millones de pesos y las obras se habían pactado para ser culminadas en un término de 3 meses; sin embargo, el objetivo no se cumplió.

Según el ente acusador, en el trámite de este convenio se omitieron requisitos esenciales de la contratación “específicamente la contratación directa a la cual acudió la Alcaldía. No consultó los procedimientos básicos de planeación, economía, transparencia y selección objetiva, durante la fase precontractual”.

“La ejecución del contrato cuyo objeto estaba estipulado para construirse en un término de tres meses, adoleció de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero”, se precisa en la investigación, en la que también se advierte que hasta el mes de diciembre del año 2019, no existían actas de entrega de obras ejecutadas a la comunidad educativa.

“Los señores Omar Gloria Arrieta (exalcalde de San Carlos) Víctor Manuel Valverde Pérez (alcalde en el periodo 2016 – 2019), Jairo Aníbal Doria Ruiz (representante legal de AMUSSIN), Derqui Miguel Bedoya Vega y Abdel Carín Jalilie, ambos exsecretarios de Planeación de San Carlos y supervisores, en sus calidades de servidores públicos tenían la obligación de procurar el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que reglamentan la función administrativa y su función misional como lo son la moralidad y la eficacia, pero no lo hicieron atentando de esta manera contra el bien jurídico de la administración pública”, se enfatiza en la investigación.

Tras lo expuesto, las personas antes mencionadas son procesadas como presuntas responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Cabe recordar que, este caso se retomó el pasado 18 de junio con la citación de dos testigos de la Fiscalía. El proceso se adelanta ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería.

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