Consejo de Estado le ordena a Petro pedirle disculpas a la familia de Gloria Lara
El primer mandatario señaló en un evento que la abogada, al parecer, fue asesinada por un familiar. Por ese crimen fue señalado el M-19 y el ORP.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República. / Juan Diego Cano
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en decisión de segunda instancia, confirmó el fallo de tutela mediante el cual se ordenó al presidente Gustavo Petro que en máximo 5 días pida disculpas públicas y se retracte de las afirmaciones en las que señaló que la abogada Gloria Lara de Echeverri, secuestrada y asesinada en 1982, había sido “al parecer” secuestrada por un miembro de su familia.
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El jefe de Estado había realizado tal manifestación en un evento en Estocolmo (Suecia) el año pasado, la cual fue considerada como vulneratoria de los derechos de la familia de Gloria Lara. Cabe recordar que por tal crimen fue señalado en su momento el M-19, así como también la organización ORP, incluso el cuerpo de Lara fue encontrado cubierto con una bandera con esas siglas, y fueron procesadas personas sobre las que luego fue prescrita la acción penal, por ende, el caso se mantiene en la impunidad.
“A ese respecto, y sin necesidad de consideraciones adicionales, la afirmación del accionado vulnera los derechos de las accionantes que, por hacer parte de esa familia, resultan sin ninguna base incluidas entre posibles autoras responsables de los crímenes de que fue sujeto pasivo su propia madre”, se lee en el documento.
Pero al mismo tiempo, la Sección Quinta, consideró que frente a las manifestaciones del presidente Petro sobre que las personas que han hablado lo habrían hecho presionados y habrían mentido además torturados, no vulneraron los derechos de la familia de Gloria Lara.
“En síntesis, si las personas procesadas por los delitos de secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri se beneficiaron del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, es claro que contra ellas no pesa una sentencia condenatoria por esos delitos y, por ende, las afirmaciones del presidente de la República no carecen de veracidad pues no se ha producido, con fuerza de verdad legal una ruptura de su presunción de inocencia”, agregó la magistratura.
