Procuraduría abre investigación a directivos de Ecopetrol por escándalo en contrato
La Procuraduría vinculó al caso al director de cumplimiento, Alberto José Vergara, quien está en el ojo del huracán por la firma del contrato con la firma Covington & Burling que ascendió a casi 6 millones de dólares.
Camiseta con el logo de Ecopetrol / Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra el director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Felipe Rivera, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento de Ecopetrol.
Lo anterior, por cuenta del polémico contrato firmado con la firma Covington & Burling para medir el impacto reputacional por las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa, el cual pasó de costar 875.000 dólares a casi 6 millones de dólares por medio de un otrosí firmado en plenas épocas decembrinas el año pasado.
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"Presuntas irregularidades en la planeación y celebración y ejecución del contrato suscrito en agosto de 2024 con la firma Covington & Burling, entre otras cosas, por la metodología escogida para seleccionar al contratista. Asimismo, por hechos relacionados con la solicitud para celebrar el otrosí No. 1, documento con el cual se modificó el alcance del objeto contractual y se aumentó en más del 100% el valor inicial del contrato, al parecer, excediendo la instrucción de la Junta Directiva, toda vez que aparte de realizar el estudio y asesoría, se incluyeron actividades investigativas" se lee en la determinación.
De acuerdo con los fundamentos de la decisión, se basa en la inspección realizada a Ecopetrol, bajo la siguiente descripción que le permite vincular a los disciplinados: el 26 de junio de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos emitió recomendaciones a la Junta Directiva de Ecopetrol ante el vencimiento del contrato suscrito con la firma Miller para asesorías y consultas y revisión de documentos, el cual culminaba el 30 de septiembre de 2024, por lo cual se sugirió adelantar estudios de firmas acreditadas y con experiencia en el mercado de Estados Unidos.
Ante esa sugerencia, la dirección de cumplimiento en cabeza de Alberto José Vergara informó que solicitó cotizaciones a Covington & Burling, Shearman & Sterling y Arnold & Porter Kaye Scholar, de las cuales concluyó que Arnold & Porter y Covington & Burling (la que terminó siendo escogida) tenían plazos de entrega más cortos y más económicos.
Según las actas, el 26 de julio la Junta Directiva por unanimidad acogió y aprobó la recomendación del Comité de Auditoría y Riesgos de contratar el “asesor externo” para medir los procesos realizados por la junta directiva y adoptados por la compañía en relación con el presidente de Ecopetrol, lo cual fue cumplido por Alberto José Vergara el 14 de agosto de 2024 ordenando a Ludwig Wilson Mejía adelantar el trámite de contratación; luego de que una comisión especial creada por la junta directiva seleccionara a Covington & Burling, que se indicó, cumplía los requisitos.
El 29 de agosto de 2024 se suscribió el contrato con la firma, valorado en USD 875.000 “el cual contemplaba la ejecución completa de todas las fases contractuales y entregables contenidos en las especificaciones técnicas”. Pero luego, a partir de esa fecha, y en acta del 26 de septiembre de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos, pidió a la firma finalizar el estudio contratado “frente a eventuales escenarios de riesgo ante la SEC relacionados con aspectos reputacionales del presidente de Ecopetrol” y reunirse en “sesión privada”.
Según la trazabilidad de los documentos recogidos por el Ministerio Público, el 9 de octubre la Dirección de Cumplimiento informó a la Junta Directiva de la “actualización” del “análisis efectuado” por el contratista. El 26 de diciembre, mediante memorando, Alberto José VergaraMonterrosa le solicitó al funcionario Ludwig Wison Mejía firmar el otrosí que elevó el contrato a casi 6 millones de dólares y aplicando además una modificación a la cláusula sexta del contrato, añadiendo “gastos reembolsables”, es decir que la Junta podría reembolsar gastos en que incurriera Covington & Burling por USD 575.000. El otrosí se suscribió finalmente el 31 de diciembre de 2024.
Ya en enero de 2025 y luego de que Alberto José Vergara le ordenara al vicepresidente Corporativo de Ciencia y Tecnología, Luis Felipe Rivera que se debía “conservar la documentación física y electrónica de funcionarios y al parecer de exfuncionarios enlistados en un documento”, y que la propia Covington & Burling pidiera que el presidente Ricardo Roa entregara sus equipos electrónicos de trabajo, la junta directiva consideró “desmedida la petición” (aunque estaba cobijada por el otrosí donde se ordenaron además funciones investigativas) y al contrario, la junta terminó pidiendo a la Dirección de Cumplimiento que revisara las actividades del contratista de cara al “alcance y objeto contractual”.
En el documento de la Procuraduría se ventila que la petición de poder investigar los equipos del presidente de la petrolera, aunque estaba al parecer amparada por la modificación del contrato, no contaba con el conocimiento de la comisión especial de seguimiento de la Junta Directiva al convenio, por lo cual se recomendó que la firma culminara el estudio inicialmente acordado y, las actividades ordenadas en el otrosí del 31 de diciembre de 2024 fueran suspendidas de manera temporal. El 4 de junio se dio cuenta de los pagos realizados a Covington & Burling hasta el 28 de febrero de 2025.
Además de adelantar la apertura de la investigación disciplinaria, el ente de control escuchó en versión libre al directivo Vergara Monterrosa este miércoles a las 8:00 de la mañana, así como a los otros dos nuevos involucrados en el proceso disciplinario, y se ordenó el testimonio de Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva y otras tres personas entre este jueves y viernes.
Adicionalmente, la Procuraduría remitió copias de la auditoría interna realizada por Ecopetrol el 20 de mayo, revelada en primicia por W Radio, a la Fiscalía, con miras a que se revise la eventual comisión de delitos, como allí en dicha auditoría se señala.
