Usuarios de Air-e y Afinia en Caribe inician acción popular por cobros de energía en copropiedades
La actuación derivó de un concepto de la CREG en el que se confirman los posibles errores en la facturación.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Oscar Martín
Expertos del sector energético y usuarios de la región confirmaron la actuación legal con la que buscan frenar los altos costos de energía en las propiedades horizontales de la Costa.
La acción derivó de un concepto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG en el que se confirman los posibles errores en la facturación que habrían estado aplicando las empresas que operan la red eléctrica.
El proceso legal busca defender los derechos colectivos de los ciudadanos frente a una posible vulneración de los consumidores.
El mismo inició tras denuncias relacionadas con presuntos sobre consumos ficticios y una vulneración masiva a la Ley de servicios públicos, según indicó Carolina Ríos, miembro del Comité promotor.
“Se lanza oficialmente una Acción Popular por una Facturación Justa, una iniciativa que busca frenar de raíz una práctica sistemática que vulnera los derechos de más de 100 mil familias en la región”, señaló a través de un comunicado.
En el mismo documento, señalan que, a través del uso distorsionado del modelo de medidor totalizador (o “medidor padre”), y sin aplicar los correctivos que exige la regulación, los operadores estarían generando cobros inflados que no corresponden al consumo real.
Ríos también explicó que, se ha evidenciado una presunta vulneración de derechos colectivos, por la falta al “debido proceso” y el “no trato digno”.
“Los conjuntos residenciales han sido obligados a pagar cobros injustificados como única vía de acceso a un servicio esencial. Esto no es un problema aislado ni un error técnico. Es un modelo que ha sido impuesto —por algunos operadores como Afinia y Air-e— sin controles efectivos y con nula respuesta institucional”, dijo.
Por otro lado, argumentó que, la Acción Popular se fundamenta en documentos técnicos, conceptos regulatorios y la normativa vigente, que sirven como el sustento jurídico necesario para frenar el modelo y exigir una revisión estructural en favor de los usuarios.
“Lo que hoy se inicia no es solo un proceso legal, sino una causa ciudadana. Una defensa colectiva frente a un sistema que ha fallado en proteger a los consumidores más vulnerables”, afirmó.
Finalmente, anunció que la Acción Popular está abierta a todas las copropiedades del Caribe colombiano, especialmente aquellas ubicadas en zonas atendidas por Air-e y Afinia, “que hayan recibido facturas injustificadas o hayan sido coaccionadas a pagar sin explicación”.
