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Procuraduría pide absolución de Álvaro Uribe en juicio por presunta manipulación de testigos

El Ministerio Público argumentó que no hay pruebas suficientes para demostrar la participación del expresidente en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Álvaro Uribe y Procuraduría. Fotos: EFE y Colprensa.

Álvaro Uribe y Procuraduría. Fotos: EFE y Colprensa.

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos entró en su etapa final. Tras los alegatos de la Fiscalía y de las víctimas —quienes solicitaron la condena del exmandatario—, la Procuraduría General de la Nación pidió su absolución.

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Para el Ministerio Público, la Fiscalía no logró probar que Uribe tuviera responsabilidad en los hechos materia de investigación, ni en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En audiencia, el delegado de la Procuraduría explicó los motivos de su postura:

“Igualmente, el Ministerio Público quiere resaltar la manera de cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y jurídica, en los hechos planteados en la acusación, si bien no tienen incidencia en las garantías procesales, cómo se concluye, sí la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio. Pues no es casual la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino que define y limita el derrotero probatorio”, explicó.

El Ministerio Público también señaló inconsistencias en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe. Para la Procuraduría, las dudas persisten sobre su condición de desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que no fue probado durante el juicio.

“Se reitera: hasta el momento Juan Guillermo Monsalve no ha sido condenado por pertenecer a ningún grupo paramilitar. Observa el Ministerio Público que solo fue después de haber sido condenado en 2009 a una pena extremadamente larga, que Juan Guillermo Monsalve acudió a los mecanismos establecidos en la ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y Paz, con el propósito de tener una rebaja considerable en su pena”, indicó el delegado.

Según la Procuraduría, la evidencia presentada por la Fiscalía no demuestra una participación directa de Uribe en los hechos investigados ni en la supuesta manipulación de testigos que también involucra al abogado Diego Cadena.

“Lo cierto es que las pruebas demostrativas de cada uno de estos hechos no reflejan una intervención previa de Álvaro Uribe para inducir a las conductas antijurídicas que se le reprochan. Por esa razón, reiteramos que el Ministerio Público observa que del análisis de cada uno de estos eventos se representa una dificultad probatoria que permita llegar al conocimiento más allá de toda duda razonable”, subrayó el delegado.

Tras las intervenciones de la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría, solo queda pendiente la participación de la defensa de Uribe en los alegatos finales. Después de ello, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, tomará la decisión de absolver o condenar al exmandatario.

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