Exdirector César Manrique fue imputado por el escándalo de la UNGRD y no aceptó cargos
El exdirector de la Función Pública en el Gobierno Petro es sindicado de haber gestionado multimillonarios convenios con el fin de cobrar coimas sobre los mismos.
César Manrique, exdirector Departamento del Deprtamento Administrativo de la Función Pública. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)
El exdirector del Departamento de Función Pública César Manrique Soacha fue formalmente imputado por el escándalo de robo de recursos públicos de la UNGRD. El exfuncionario no aceptó cargos.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía hizo una larga exposición sobre la presunta relación de César Manrique con el direccionamiento de un convenio multimillonario por más de 100.000 millones de pesos entre la ANT y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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“La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”, argumentó la Fiscalía.
Dentro de los contratos por los que está siendo judicializado el exdirector de Función Pública se encuentra el de los carrotanques de La Guajira, suministros de plantas desalinizadoras, puesta en funcionamiento de pozos de agua, interventorías de los mismos. Por ejemplo, en el de los carrotanques, Manrique habría recibido un soborno de 3.000 millones de pesos presuntamente robándose recursos de todos los colombianos en un proyecto que a la postre iba para atender a la gente más pobre de La Guajira.
Además de Manrique, también fueron imputados y no aceptaron cargos el Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD; al mismo tiempo, el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la dirección del DAFP Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Estas personas habrían tenido una presunta relación con el entramado de amaño de la contratación que derivó en el robo de recursos públicos.
