Sectores sociales y políticos proponen mesa de diálogo por la soberanía energética del país

A través de un comunicado, sectores políticos y sociales realizaron la propuesta de crear una Mesa de Diálogo por la Seguridad y la Soberanía Energética de Colombia.

El llamado, firmado, entre otros por el exministro de Minas, Amylkar Acosta, la Liga Nacional de Servicios Públicos, la Asamblea Departamental de La Guajira, la Universidad de La Guajira y la Diócesis de ese departamento, busca construir una propuesta de política pública de iniciativa ciudadana para presentar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, como una iniciativa popular.

Según los sectores que firmaron el documento, la política de transición energética actual, descarta la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de gas, carbón y petróleo, así como la prórroga de los vigentes.

Asimismo, señalaron que dicha política reniega del uso de las riquezas naturales del país, renunciando a la ampliación de las reservas de hidrocarburos, y niega o retarda los procesos de licenciamiento ambiental.

“(…) so pretexto de combatir el “cambio climático”, retarda la expansión del sistema eléctrico y la entrada de nuevos proyectos de generación, al tiempo que expide normas para facilitar la importación de gas en cantidades crecientes con destino al abastecimiento de la demanda esencial, impone a ECOPETROL convertirse en uno de esos importadores, pero también que pase del gas a la energía solar y le ordena construir nuevas plantas regasificadoras”, indicaron.

Ante el panorama, calificaron la política de transición como “equivocada”, asegurando que es ligera e improvisada, y que pone en riesgo la seguridad y la soberanía energética, deteriora las cuentas nacionales y eleva las tarifas de los servicios públicos domiciliarios a sus usuarios finales.

“Esta, la denominada por el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo como la transición energética justa, es claramente contraria al interés nacional, pues ya hoy existe riesgo cierto de no tener oferta suficiente para atender la demanda”, afirmaron.

En el comunicado también señalaron que, la crisis fue advertida desde fines del año 2023, por gremios del sector, de la Bolsa Mercantil de Colombia, del Gestor del Mercado de Gas, así como por la Contraloría y Procuraduría General.

Por otro lado, mencionaron que, las cifras decrecientes muestran la pérdida de la capacidad de suministro con gas nacional, obligando a su importación para atender la demanda esencial de los sectores residencial, vehicular, industrial y comercial a precios exorbitantes, pese a las alertas tempranas de los dirigentes gremiales.

“Además de afectaciones a las finanzas del Estado, estas importaciones de gas, causan también lesiones a los usuarios, pues se reflejarán en exagerados aumentos en las tarifas de los estratos 1, 2, 3, y 4, en donde está el 90% de los usuarios”, explicaron.

Adicionalmente, enfatizaron en la necesidad de revisar y replantear la actual política de hidrocarburos, con miras a revertir la actual tendencia.

Aunque afirmaron que se debe hacer el tránsito hacia las energías limpias, aseguraron que no se puede renunciar abruptamente a los ingresos que los combustibles fósiles representan para garantizar el financiamiento de la transición ni a la oportunidad de su uso como fuentes de abastecimiento de la demanda nacional.

“La transición energética no debe poner en riesgo la Seguridad ni la soberanía energética. Dicho de otro modo, la transición energética debe ser gradual, inteligente, no puede llevarnos a renunciar al uso de los recursos de los que disponemos hoy para asegurar nuestra soberanía energética”, dijeron.

En lo que tiene que ver con la crisis del sector eléctrico, señalaron que es debida a la estrechez de la oferta de energía, que mantiene al Sistema interconectado nacional en un altísimo grado de stress, presionando al alza los precios en Bolsa y las tarifas de energía.

“Esta crisis se ha visto exacerbada por las dificultades financieras a las que se han visto abocadas las empresas comercializadoras por el impago por parte del Gobierno Nacional del reintegro por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3”, detallaron.

Concluyeron aseverando que, ante el riesgo, existe la necesidad de unir voluntades de todos los sectores sociales del país para emprender un diálogo que lleve a identificar los aspectos relevantes de una propuesta de política pública para superar la crisis energética.

“Es urgente conversar porque necesitamos aunar esfuerzos y actuar de manera articulada y coherente. Proponemos crear una Mesa de Diálogo por la Seguridad y la Soberanía Energética de Colombia, e invitar a la Conferencia Episcopal Colombiana, como facilitadora”, finalizaron.

Escuche W Radio en vivo aquí: