Nuevo modelo de salud de profesores ha colapsado en agilidad de trámites y medicamentos: Contraloría

La Contraloría halló pagos irregulares por $81.593 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en la vigencia 2024: se cancelaron mesadas a personas fallecidas, no se registraron provisiones judiciales y hubo deficiente gestión de cartera.

Al respecto, el contralor delegado para el sector Educación, Andrey Geovanny Rodríguez, afirmó en W Radio que encontraron que se habrían perdido más de 23.800 millones de pesos por no recuperación de cartera que le adueudaban al Fondo.

“Tenemos más de 4.800 solicitudes de cesantías que fueron pagadas de manera extemporánea a todos los docentes y a su vez eso produce el pago de una sanción moratoria que rondó ya los $ 52.000 millones durante 2024. Inclusive se pagó con recursos que no se podían pagar este tipo de sanciones y eso tiene presuntos connotaciones de tipo penal”, afirmó.

El contralor reveló que la Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, por $ 1,2 billones, pero no se evidenció aprobación por parte del Consejo Directivo para su suscripción.

Eso sí, reveló que “en el marco de la auditoría logramos determinar que sí habían disponibilidades presupuestales asociadas para la suscripción de esos contratos, pero no se celebró el contrato conforme al procedimiento interno y conforme a los mandatos que la ley”.

En relación con los prestadores de salud resaltó que veníamos de un modelo que tenía 10 operadores que funcionaban como intermediarios al final para todas las IPS en todas las regiones del país. Pasamos a un modelo que desapareció la intermediación con esos 10 operadores y ahora tenemos múltiples IPS prestando servicios a nivel nacional y vienen siendo supervisadas por una sola firma.

“Eso también ha llevado a que el sistema tenga debilidades en el colapso en relación con la agilidad que tramitan los procedimientos de salud o que autorizan los procedimientos de tipo médico o los mismos medicamentos”, afirmó.

Eso sí, resaltó que los operadores que hoy día están prestando el servicio están dentro de los procesos habilitados del registro.

No obstante, dijo que inicialmente ”se suscribieron contratos por más de 650 mil millones que inicialmente no tenían actas de inicio y de esos 168 mil millones de contratos que se celebraron, no se constituyeron las garantías de aseguramiento de pólizas que esos contratos requerían y eso también eventualmente puede constituir una conducta penal”, remató.

Finalmente, el contralor afirmó que “se han establecido más de medio billón de pesos en hallazgos fiscales en el fondo. Y ya hay procesos de responsabilidad en curso que buscan la recuperación de estos recursos porque vienen de las auditorías que hemos practicado en el 2022, 2023, 2024 y este año pues que estamos practicando una en el 2025”.